La Audiencia Provincial de Baleares ha revocado el auto con el que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, acordar transformar, de cara a su enjuiciamiento por un tribunal del jurado, las investigaciones que apuntan a que el expresidente del Govern Jaume Matas ordenó abonar el pago fraudulento de 120.000 euros públicos a un empresario y exconcejal del PP en el municipio mallorquín de Calvià.

La Sección Segunda ha estimado de este modo el recurso de apelación que interpuso el exministro contra la anterior resolución judicial, que ordenaba tramitar la causa por la Ley del Jurado, al considerar el tribunal que se trata de una decisión prematura puesto que antes deben practicarse nuevas diligencias de investigación que determinen si, además, Matas incurrió en un delito de prevaricación, lo que le llevaría a ser juzgado por un tribunal profesional.

El auto de la Audiencia señala cómo al recurso del imputado se opuso la Fiscalía Anticorrupción y se adhirió, por el contrario, la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que advirtió de que no descarta acusar al expresidente de un delito de prevaricación. Por este motivo, el tribunal considera "apresurada e injustificada" la tramitación del procedimiento por la vía del jurado, entre cuyas competencias no se encuentra el enjuiciamiento del anterior delito.

La Sala apunta que la comisión de la prevaricación estaría sustentada en dos resoluciones supuestamente arbitrarias: la modificación de crédito que efectuó la secretaria de Presidencia y Vicepresidencia, y la autorización por parte del Consorcio Turisme Jove del pago de facturas falsas que dieran apariencia de que los fondos irían destinados a varias estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal), que nunca llegaron a realizarse.

"Existiendo como parece ser que existen dos expedientes administrativos que permitieron la salida del dinero público, sin la inclusión de los hechos que constituirían en su caso el delito de prevaricación, el relato de los hechos realizado por la Fiscalía dejaría sin explicación parte de la verdad material que se persigue con el ejercicio de la acción penal", añade el tribunal.

La Audiencia considera que "cuestión distinta podría ser si, intentada la investigación de los hechos que apuntarían a una presunta participación del señor Matas en la distracción de dinero público para beneficiar a un particular, no existieran indicios del delito de prevaricación que así lo sostuvieran".

Para esclarecer esta cuestión, la Sección Segunda insta de este modo a requerir los dos anteriores expedientes administrativos así como a tomar declaración al respecto a la que era secretaria de Presidencia y Vicepresidencia en la fecha de los hechos.

En concreto, la Fiscalía imputa a Matas un presunto delito de malversación de caudales públicos al considerar que hay indicios suficientes de que el expresidente auspició el pago irregular de los fondos públicos. No obstante, la defensa de Matas solicita la absolución de su patrocinado al alegar que no intervino en los hechos investigados, si bien aseveraba en su recurso que, de ser finalmente acusado, sea juzgado por un tribunal profesional inculpado por un delito de prevaricación.

Matas se desvincula del pago

El propio Matas se desvinculó del pago presuntamente fraudulento durante la declaración que el 11 de marzo prestó ante la jueza instructora, al recalcar que en ningún momento intervino para favorecer al exregidor del PP Jesús García Oeo. Según explicó, conoce al exconcejal por ser del mismo partido, pero negó que hubiera amistad entre ambos. Es más, aseguró que nunca había hablado con él en relación a pagos irregulares.

El exministro de Medio Ambiente fue imputado en este nuevo procedimiento judicial, derivado de otro caso de corrupción, el caso Turismo Jove, que llevó a juicio a varios exaltos cargos implicados en una trama por la que desviaron, entre 2003 y 2007, más de un millón de euros a través del consorcio público Turisme Jove, lo que provocó su quiebra técnica.

Uno de los inculpados, el exdirector general de Juventud del Govern, Juan Francisco Gálvez, involucró a Matas en el pago de 120.000 euros procedentes del consorcio, al acusarle de haberle ordenado transferir esta cantidad al exconcejal del PP en Calvià, bajo la apariencia de que irían destinados a estancias en albergues de Portugal.

Cabe recordar que Matas ha sido condenado por dos piezas del caso Palma Arena. Sobre él pesan así nueve meses de cárcel -por el que cumple condena en la prisión de Segovia- por las irregularidades en la concesión de una subvención al periodista que redactaba sus discursos, así como una multa de 9.000 euros y la devolución de los 42.111 euros que percibió como dádiva de un hotelero mallorquín a través de la contratación ficticia de su mujer.