La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé acoger este martes el juicio a un hombre, acusado de un delito relativo a la prostitución y tres delitos de maltrato de obra, tras supuestamente obligar a prostituirse a su pareja, que tiene un 39% de minusvalía por una enfermedad mental, al tiempo que presuntamente la agredía y amenazaba "cuando ella expresaba su negativa a seguir ejerciendo la prostitución". El fiscal pide para él penas por un total de cinco años y siete meses de cárcel y una orden de alejamiento durante diez años.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, el procesado, de nacionalidad rumana, durante el mes de noviembre de 2011 mantuvo diferentes conversaciones con la afectada, en las que trataban "el tema de la precariedad de su situación económica".

En este sentido, él supuestamente le decía a la mujer que "era más fácil que ella ejerciera la prostitución a que él robara, porque él podría tener problemas con la Justicia por ello", al tiempo que le sugería que "ejercer la prostitución era libre y la policía no se metería en controlarla".

Además, según el fiscal, le proponía "formar una familia e irse juntos a Rumanía, para lo cual debían conseguir dinero, convenciendo a la mujer de que la mejor forma de hacerlo sería acostándose ella con otros hombres a cambio de dinero". Ante tales manifestaciones y debido a "la enorme influenciabilidad de la perjudicada que padece la discapacidad", ésta supuestamente atendió a las peticiones del acusado.

De este modo, en un principio el procesado le concertaba citas con hombres en un hotel y en un piso, al tiempo que trató de "concertar con dueños de algunas casas de citas la prestación de servicios sexuales por parte de la mujer, sin que se llegaran a producir dichos servicios".

Con posterioridad, agrega el fiscal, el acusado facilitó ropa "provocativa" y preservativos a la afectada, a quien trasladaba al polígono La Torrecilla para que "realizara practicas sexuales a cambio de dinero". El Ministerio Público detalla que "era habitual que el procesado permaneciera en la zona para vigilar que efectivamente realizara su cometido y después reclamaba las ganancias obtenidas a la perjudicada".

En ocasiones que la perjudicada no ha sido capaz de concretar, el acusado "le agredía y amenazaba cuando ella expresaba su negativa a seguir ejerciendo la prostitución". Así, relata que un día le dio "varias bofetadas", en otro momento mantuvo una discusión porque "no quería ejercer la prostitución" y el acusado supuestamente "la empujó y la obligó a bajarse del vehículo, pillándole los dedos con una puerta", y en otra ocasión le dio un puñetazo en la boca.

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