La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha reclamado por escrito a la Conselleria de Bienestar Social, al Consell Jurídic Consultiu y a la Abogacía General de la Generalitat "toda la información y documentos relativos al procedimiento de nulidad de algunas de las adjudicaciones, presuntamente irregulares, a determinadas empresas del sector de atención a la dependencia" de la la autonomía, en concreto, las relacionadas con el contrato de accesibilidad social (plazas concertadas).

Esta decisión ha sido tomada con el fin de conocer "todos los documentos, informes y dictámenes de cada uno de los órganos consultivos preceptivos", ya que Aerte recalca que no es sólo la patronal mayoritaria del sector, sino que además, "está personada como parte codemandada en los seis contenciosos presentados en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por este tema".

Audiencia a la patronal

La entidad ha solicitado también la suspensión de todas las actuaciones relativas a este procedimiento hasta que "salgan a la luz todos los documentos". A su juicio, tanto la Conselleria de Bienestar Social como el Consell Jurídic Consultiu "deberían haber dado audiencia a la patronal de la dependencia de cara a informarle sobre los contenidos, resoluciones y posturas adoptadas en cada uno de los procedimientos".

La asociación recuerda que el TSJCV, en sentencia de febrero de 2014, le reconoció su derecho "a tener audiencia en todos los procedimientos relacionados con el sector que afectaran tanto a la asociación como a las organizaciones empresariales que representa e instó a la conselleria de Bienestar Social a darle audiencia en estos casos".

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La espera del acuerdo marco "desde hace meses"

La entidad ha lamentado que ya han pasado "dos meses" desde que la Conselleria de Bienestar Social anunciara la "inmediata puesta en marcha" de un acuerdo marco en el que iban a participar todos los operadores del sector y que, según sus propias palabras, iba a "finalizar con los privilegios a determinadas empresas" al dar "las mismas oportunidades" a todos los centros y fomentar la libre competencia y la calidad en los servicios.

No obstante, "a fecha de hoy, todavía no sabemos nada del nuevo programa", ha lamentado María José Mira, directora general de Aerte, quien ha señalado que este programa "debería agilizarse y ser prioritario en las políticas del Consell, no sólo porque permitiría alcanzar, cuanto antes, el deseado equilibrio en el sector, sino que haría que se respetase la libertad de elección, al igual que, según manifestó el presidente Fabra en su discurso de Año Nuevo, el Gobierno valenciano quiere implantarlo en otros servicios como la educación o la sanidad".

Aerte recuerda que el TSJCV reconoció en diciembre de 2013, mediante sentencia, que los dependientes con ayuda pública para residencia "tienen derecho a elegir libremente una modalidad distinta a la de las plazas públicas y concertadas, no como ha ocurrido durante años durante los cuales estas personas iban derivadas a los centros sin tener derecho a elección".