La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, ha sido promotora y sede de la primera reunión mantenida por el grupo de trabajo creado para recoger aportaciones a la futura Ley de Minas que prepara el Gobierno central, donde se encuentran la propia Administración andaluza, las patronales empresariales de diversos subsectores, los sindicatos y los colegios profesionales.

Según indica la Junta en una nota, la Administración autonómica entiende que "es necesario avanzar por una senda de consenso", de manera que el proyecto final de Ley "dé entrada a la experiencia de los profesionales del sector y de las Administraciones con competencias en minería" y considera que "sólo así podrán recogerse, además de los preceptos jurídicos propios en este tipo de normas, las necesidades y demandas de todas las actividades económicas reguladas por esta Ley".

Esta iniciativa, que fue un compromiso adquirido por la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, en el seno de la Mesa de la Minería, cuenta con representantes de los sindicatos CCOO y UGT; de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); de las patronales sectoriales Aminer (Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios), AFA-Andalucía (Asociación de Fabricantes de Áridos) y AEMA (Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía); y de los colegios profesionales de Geólogos, Ingenieros Técnicos de Minas e Ingenieros de Minas del Sur.

Según la Junta, el primer encuentro "ha puesto de relieve la satisfacción de todo el sector ante el cambio de los plazos barajados inicialmente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para tramitar la nueva Ley" y se muestran todos satisfechos por la desaceleración en el proceso de redacción de la norma. A partir de ahora todas las partes trabajarán en la concreción de propuestas, pese a que todavía no se conocen los plazos que maneja el Gobierno central para sacar adelante una Ley sustitutiva de la actual, en vigor desde 1973.

Necesidad de diálogo

La Junta ha recordado que desde que el 17 de noviembre se supo que el Ministerio había previsto cambiar la Ley de Minas, diversos colectivos solicitaron la creación de un grupo de trabajo para articular las propuestas formuladas desde la comunidad autónoma, una iniciativa por la que abogó también la Administración andaluza desde el primer momento.

Esta iniciativa fue apoyada por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en las jornadas celebradas por Aminer en Huelva el pasado 3 de diciembre, así como por el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, en comisión parlamentaria. De hecho, según la previsión inicial del Gobierno de España, la Ley llegaría al Congreso antes de final de 2014, "lo que limitaba la capacidad de realizar aportaciones al borrador inicial". No obstante, posteriormente, el Ministerio de Industria se replanteó este plazo.

La Junta ha recordado que en los últimos años, "tanto las empresas como la propia Junta de Andalucía han realizado un esfuerzo importante para modernizar el sector minero, como lo muestran la renovación del patrimonio cartográfico disponible, la digitalización de más de medio millón de documentos o la propia presentación del Portal Andaluz de la Minería", pero faltaba le renovación del marco normativo estatal, vigente desde 1973 y ajeno a la actual realidad administrativa y socioeconómica.