El presidente del Consejo Jurídico, Antonio Gómez Fayrén, ha avanzado que el número de dictámenes del Consejo Jurídico de la Región se han duplicado en cinco años, cerrando 2014 con cerca de 400 frente a los 350 del año anterior, "contribuyendo a garantizar la producción normativa de la Administración regional".

En una entrevista concedida a Europa Press, Gómez Fayrén ha afirmado que el Consejo Jurídico "está llegando al tope de su capacidad, respondiendo a las expectativas con las que se creo, trabajando al 100 por cien y ofreciendo el mejor de sus resultados posibles", un órgano consultivo, ha subrayado, "necesario porque, de lo contrario, habría un colapso en la Administración".

Y es que, ha explicado, "controla la legalidad y la seguridad jurídica de todos los actos administrativos y normativos que emanan de la administración regional y local" y al que "acuden cada vez más administraciones y ciudadanos", de hecho, ha destacado, "uno de los efectos de la crisis que pasa desapercibido es el incremento de peticiones de las corporaciones locales, pues antes prácticamente no acudían".

Por ejemplo, un Ayuntamiento tendrá que pedir dictamen perceptivo del Consejo en el caso de que tenga que rescatar el servicio de basuras porque la concesionaria no puede prestarlo por la crisis y sacarlo de nuevo a concurso, "con el fin de ver si el expediente se ajusta a la legalidad, sobre todo cuando hay oposición del contratista como ocurrió hace un año con el aeropuerto".

Además, las corporaciones locales consultan cada vez más al Consejo, "de forma facultativa", para que éste le ayude a realizar expedientes "al objeto de llegar a buen fin y asegurarse la seguridad jurídica y evitar problemas posteriores".

Tras lo que ha destacado el incremento en un 20 por ciento en las reclamaciones patrimoniales, así como las de servicios públicos sobre todo en materia sanitaria, que representan casi el 80 por ciento de las reclamaciones ciudadanas o las dictámenes con rescate de concesiones públicas de las Administraciones locales; también las de educación o en materia de carreteras.

Su presupuesto fue reducido un 20%

A este punto, Gómez Fayrén ha querido recordar que el 85 por ciento del presupuesto del Consejo, de 947.865 euros, pertenece a la propia Comunidad, "es decir que no ha sido un gasto a añadir más al esfuerzo presupuestario que se viene haciendo en estos años de recorte porque todos los medios humanos y materiales ya pertenecían a la Administración regional".

Un presupuesto que contó con una rebaja del 20 por ciento en años anteriores, "pero supimos adaptarnos porque somos conscientes de la realidad de las administraciones públicas y esta casa no fue ajena", manteniéndose, de tal forma, la cifra para 2015.

El Consejo Jurídico de la Región, creado en 1997 aunque empezó a funcionar en 1998, "es uno de los más baratos de todas las autonomías".

Además, ha explicado es uno de los pocos que "está integrado solo por juristas, con más de diez años de experiencia", y no cuenta con miembros natos, como los expresidentes autonómicos, tal y como ocurre en Madrid. De los cinco consejeros, tres son elegidos por la Asamblea Regional, por mayoría de dos-tercios, y los otros dos por el Gobierno regional, siendo el presidente elegido por todos los consejeros.

En declaraciones a Europa Press, Gómez Fayrén ha afirmado que ha pasado página de la actividad política, centrando con todos sus esfuerzos en dirigir el Consejo Jurídico, "una labor tan apasionante como cualquier otra".

Para este nuevo año el presidente del Consejo Jurídico se ha propuesto que la labor de esta institución, "callada y de puertas adentro", sea más conocida por la sociedad "dada la necesidad que tienen las administraciones de este órgano independiente, de apoyo y de control" y dado que son los ciudadanos "quienes pagan y la utilizan".

Así acepta que existe un déficit de imagen de esta institución "y que habrá que explicarla mejor a la sociedad", de hecho, ha concluido, "éste es uno de mis objetivos y en ello estoy".

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