Sindicatos de referencia en la enseñanza pública de Andalucía han expresado su malestar ante la polémica "continuada" respecto a la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), después de que el consejero andaluz del ramo, Luciano Alonso, haya reclamado que se retrase hasta el curso 2016-17 la puesta en marcha de la norma en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato porque, según ha argumentado, de lo contrario las comunidades autónomas no tendrán tiempo para hacerlo con "suficientes garantías".

Así, el presidente del Sector de Enseñanza de CSIF-A, Francisco Hidalgo, ha explicado a Europa Press que, partiendo de un hecho "básico" como es el rechazo a la Lomce, el sindicato no ve con buenos ojos el debate continuo que promueven las consejerías no gobernadas por el PP, "al que no puede estar expuesto el sistema educativo".

"La ley está ahí, lo que debe hacer la comunidad es legislar, pues el enfrentamiento nos lleva a situaciones no deseables que acaba supliendo el profesorado, con modificaciones en las que no se sabe a qué atenerse o instrucciones que vuelven locos a los docentes", ha agregado Hidalgo, para quien "hay que luchar en el momento, pero a día de hoy hay una ley; por ello, lo que mostramos es nuestra total disposición para mejorar lo que sea mejorable".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, ha subrayado a Europa Press que lamentan que "en esta Consejería todo se quede en anuncios y titulares de prensa", al tiempo que ha reclamado garantías para el profesorado, ya que en Secundaria "sí que queda más afectada la carga docente".

En su intervención, Alonso lamentaba que el Gobierno haya aprobado esa normativa "por sorpresa" y en Navidad. "Suponemos que responde a una estrategia para que pase desapercibida y tratar de silenciar el malestar por la falta de consenso, pero es irresponsable", decía el consejero que, como el resto de responsables autonómicos con los que expuso su intervención (Asturias, Canarias y Cataluña), criticaba que la convocatoria de la Conferencia Sectorial se haga una vez aprobadas las normas y no antes, como sería preceptivo.

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