El PSOE considera un "drama" para los pequeños y medianos comerciantes afectados por el fin, a partir del 1 de enero de 2015, de los contratos de renta antigua con la entrada en vigor de la nueva ley de arrendamientos urbanos y que, según un estudio realizado por la Asociación Extremeña de Trabajadores Autónomos (Aexta), afecta en Extremadura a unos 3.000 comercios y pymes y 5.000 trabajadores.

Esta nueva legislación "cambiará la fisonomía" de los pueblos y ciudades donde los pequeños y medianos comerciantes "no podrán hacer frente a los nuevos contratos y se verán obligados a cerrar y abandonar sus negocios", defienden desde el PSOE, que está llevando a cabo iniciativas en este sentido.

Entre ellas, se encuentra una Propuesta de Impulso aprobada en el Parlamento de Extremadura el pasado martes 23 de diciembre, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y apoyada por IU y PREx CREx, (el PP se abstuvo) o la proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista en el Senado.

El senador socialista Juan Andrés Tovar, y el portavoz de Comercio del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Francisco Martín, han ofrecido este martes en Cáceres una rueda de prensa en la que ha puesto de manifiesto esta situación, y en la que ha estado acompañada por representantes comerciantes y autónomos.

Así, el presidente de la Federación de Asociaciones de Comercio de Extremadura (Fedacoex) y de la Asociación de empresarios del Comercio de Cáceres (AECA), José Rojo, ha señalado que hay propietarios que en realidad lo que pretenden es "vender el edificio, edificios emblemáticos y muy bien situados".

"Estimamos que hay aproximadamente unos 120 edificios en Extremadura en esta situación y esta nueva Ley es una llave para poder hacer la venta de estos edificios lo que es un drama porque son negocios de pequeños comerciantes que están desde hace muchos años", ha asegurado, según recoge el PSOE en una nota de prensa.

Rojo ha señalado asimismo que la situación es "tan grave" que ha sido la primera vez que se ha conseguido unir en una votación unánime al Consejo de Comercio en contra de la nueva Ley.

Por su parte, el coordinador general para Extremadura de la Asociación extremeña de trabajadores autónomos (Aexta), Javier Pérez Santos, ha señalado ha pedido que no se suban los precios de los alquiles. "Lo que pedimos es que en la situación actual subir un 400 por ciento, dejar que el libre mercado funcione de un día para otro, no es la mejor idea para hacer que esos negocios sigan funcionando", ha subrayado.

El portavoz de Comercio del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Francisco Martín, ha recordado que la propuesta aprobada en el parlamento insta al Gobierno regional a solicitar al Ejecutivo central una prórroga de cinco años hasta el 2020 para todos los alquiles de renta antigua.

Asimismo reclama la apertura de una línea de crédito ICO para el traslado, reforma y adaptación de locales para los comercios, hostelería y pymes afectados; elaborar un Estudio específico de Demografía Comercias, Hostelera y de Pymes con alquileres de renta antigua, y elaborar un Plan de Acción y Protección de los comercios, servicios hosteleros y pymes emblemáticos que forman parte dela memoria colectiva de los extremeños.

El senador socialista Juan Andrés Tovar también ha dado a conocer las medidas que desde el Grupo Socialista se han adoptado como la presentación de una proposición de Ley con tres acuerdos fundamentales: una prórroga de cinco años, una línea de crédito al ICO para las empresas afectadas, y un acuerdo con las Comunidades Autónomas, la Federación de Municipios y Asociaciones de Comerciantes para elaborar un plan de protección integral del patrimonio del comercio histórico.

Tovar insiste en que además de ser "un problema económico", la nueva Ley traerá también consigo "un problema urbanístico y medioambiental con locales cerrados en los cascos históricos o con un nuevo modelo comprado por las multinacionales sin espacio para el pequeño y mediano comercio".

Se trata de una realidad que afectará, afirma, a más de 300.000 establecimientos comerciales en toda España y casi un millón de trabajadores.