Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la última reunión del Consejo de Gobierno del año, durante la que ha detallado que la Junta considera que dicho auto plantea una "investigación prospectiva que puede dar lugar a una causa general prohibida por la Ley".

Según ha detallado Vázquez, el recurso de apelación se fundamenta en que se trata de un asunto que "ya está siendo investigado" por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla y en que la competencia para conocer este caso "sería del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)".

Junto a ello, el Gabinete Jurídico de la Junta considera "que no existe fundamento alguno para extender la investigación a otras entidades de la Junta" dado que la propia argumentación razonada enviada por la juez Alaya al Supremo dice textualmente que "la investigación se ciñe a la averiguación de hechos relacionados con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas directas a empresas por parte de la Consejería de Empleo".

Vázquez ha añadido que los letrados de la Junta también consideran que el citado auto supone una "investigación prospectiva que puede dar lugar a una causa general prohibida por la Ley y con grave riesgo de que la Junta vea frustrada sus legítimas aspiraciones como parte perjudicada por los hechos que se investigan por la dilación del procedimiento y por la posibilidad de prescripción de los delitos".

Además el portavoz ha recordado que esta es una "cuestión de parte" que se plantea en los juzgados por la acusación particular del PP a través de un requerimiento firmado en su día por Juan Ignacio Zoido y Antonio Sanz.

Segundo recurso de apelación

El Gabinete Jurídico de la Junta también ha presentado recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla para que revoque otro auto del Juzgado de Instrucción número 6 que eleva una consulta a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo sobre una norma estatal de derecho supletorio en relación con ayudas públicas relacionadas con la empresa Delphi.

Según la administración autonómica, formular esta consulta "no es una competencia que tenga atribuida un Juzgado de Instrucción" porque considera que "para dirimir invasión de competencias entre administraciones está el Tribunal Constitucional (TC)".

Vázquez ha querido dejar claro que la Junta actúa "como siempre dentro del marco del Estado de Derecho" y con una actitud "colaborante con la Justicia", al que ha demandado "celeridad" en los procedimientos porque su objetivo es "que paguen los culpables y recuperar el dinero que haya sido presuntamente defraudado".

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