Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la última reunión del Consejo de Gobierno del año.

Según ha detallado Vázquez, el recurso de apelación se fundamenta en que se trata de un asunto que "ya está siendo investigado" por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla y en que la competencia para conocer este caso "sería del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)".

Junto a ello, el Gabinete Jurídico de la Junta considera "que no existe fundamento alguno para extender la investigación a otras entidades de la Junta" dado que la propia argumentación razonada enviada por la juez Alaya al Supremo dice textualmente que "la investigación se ciñe a la averiguación de hechos relacionados con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas directas a empresas por parte de la Consejería de Empleo".

Vázquez ha añadido que los letrados de la Junta también considera que el citado auto supone una "investigación prospectiva que puede dar lugar a una causa general prohibida por la Ley y con grave riesgo de que la Junta vea frustrada sus legítimas aspiraciones como parte perjudicada por los hechos que se investigan por la dilación del procedimiento y por la posibilidad de prescripción de los delitos".

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