La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo ha vendido siete viviendas del grupo del Parque de Maquinaria de Cáceres a los trabajadores de este departamento que residen en ellas.

Las familias han firmado ante notario el documento de compra de estos antiguos pisos de los camineros en un acto que ha tenido lugar en Mérida, presidido por el consejero de Fomento, Víctor del Moral.

El grupo de viviendas de los camineros de Cáceres, construido a finales de los años setenta, está constituido por un bloque de ocho pisos, compuesto por cuatro plantas con dos viviendas en cada una. Estos pisos cuentan con una superficie construida de 113,45 metros cuadrados y útil de 96,58, explica en nota de prensa el Gobierno autonómico.

Este grupo fue transferido junto con el parque de maquinaria, al tiempo de efectuarse las transferencias de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Carreteras, en el año 1984, a través del Real Decreto 945/1984 de 28 de Marzo.

En el año 2013 se llevó a cabo la tarea de regularización jurídica del grupo, otorgándose la certificación administrativa de inmatriculación, declaración de obra nueva y división horizontal, el día 12 de febrero.

Las viviendas han sido tasadas para la venta en 37.500 euros más IVA, que es del 4 por ciento, por lo que el importe total a pagar por las familias ha sido de 39.000 euros por vivienda.

De las ocho viviendas se han vendido siete. Esta operación ha reportado a las arcas públicas 264.198 euros.

Todos estos pisos, ubicados en la calle Viviendas de Camineros, número 23, están adjudicados a personal adscrito al Parque de Maquinaria con destino en Cáceres.

Estos trabajadores solicitaron el pasado mes de junio a la Consejería de Fomento que les vendiera los inmuebles en los que residen desde hace años. Esta petición se sumó a otras efectuadas anteriormente por este colectivo, ya que constituye una "antigua reivindicación", que "hasta ahora no se había podido atender", entre otras razones —explica la Administración regional— por la "falta de regularización jurídica" de las viviendas, sobre las cuales "no se había actuado desde que fueron transferidas a la Comunidad Autónoma hace 30 años".

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