Día Nacional de de China
Manifestantes a favor de la democracia se reúnen cerca del lugar donde se iza la bandera por el Día Nacional de de China, en Wanchai, Hong Kong (China). Jerome Favre / EFE

El director de cine chino Shen Yongping, autor de un documental sobre la historia de las constituciones en China, fue condenado este martes a un año de prisión, una sentencia que según activistas de derechos humanos busca presionar a la industria cinematográfica nacional para que no se involucre en política.

Shen recibió la sentencia en un tribunal local de Pekín que le consideró culpable de "negocios ilegales", tal y como confirmó su abogado, Zhang Xuezhong, quien aseguró que apelarán en instancias más altas.

Muchos directores están emigrando a otros países porque el Gobierno les está presionandoEl joven cineasta llevaba detenido desde abril, después de rodar el documental 100 años de constitucionalismo en el que repasa los intentos, a veces fallidos, de instaurar un Estado de Derecho en el último siglo en China. Tras la detención, la policía decomisó 4.000 copias en DVD de la película, que el cineasta conservaba en su domicilio.

El documental se distribuyó a través de estas copias que Shen ofrecía de forma gratuita e incluso había planeado ofrecer también su trabajo públicamente a través de internet, por lo que su abogado considera "absurdo" que en la sentencia se hable de "negocio".

Según activistas como Hu Jia, conocida figura en defensa de las libertades fundamentales en China, la sentencia es un "aviso" para todos los directores chinos de documentales. "Muchos de ellos están emigrando a otros países porque el Gobierno les está presionando", ha destacado Hu Jia. "Al presidente (Xi Jinping) no le gusta que se utilicen términos como constitución", añadió el activista, quien en 2008 obtuvo el Premio Sajárov a la defensa de los derechos humanos, concedido por el Parlamento Europeo.

La sentencia se produce pocos días después de que China celebrara por primera vez, el pasado 4 de diciembre, el Día de la Constitución, un gesto con el que el régimen comunista quiere mostrar sus promesas de dar mayor poder e importancia a la ley, tras décadas de abusos.