La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha acusado al Gobierno regional de cometer una "flagrante ilegalidad" en la tramitación de parques eólicos y ha alertado de la "indefensión" que se está generando a los posibles afectados e incluso a otras posibles empresas interesadas en la instalación de parques, a la vez que ha pedido a la Fiscalía que abra de forma urgente una investigación.

En un comunicado de prensa, la plataforma asegura que el Gobierno "no ha dicho la verdad" cuando hace casi dos meses afirmó que "ha recibido solicitud de tramitación para 12 parques al amparo de la Ley de aprovechamiento eólico, con una potencia total de 368 megavatios", en San Miguel de Aguayo, Molledo, Bárcena de Pie de Concha, Luena, Soba y Campoo de Yuso, y que "están en la fase de análisis de su adecuación a los requerimientos de la ley.

La plataforma asegura que todo ello es "incierto", y añade que es una empresa denominada Koly Green Company, S.L., domiciliada en Ermua (Vizcaya), constituida en el año 2005 para "Estudiar, proyectar, gestionar parques de generación eléctrica", la que "viene solicitando sin éxito desde 2008 la autorización para instalar 12 parques eólicos denominados Los Tornos-Salama, Campoo de Yuso I y II, San Andrés y San Miguel de Aguayo, El Jucal, Garma, La Tablada, El Montuco, Santa María, Mediajo Frío y El Pombo".

La plataforma insiste en que sus solicitudes han sido "reiteradamente denegadas desde 2008-2009 hasta hoy, coincidiendo en el tiempo y el territorio con algunas de las autorizaciones del concurso eólico anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)".

Además, asegura que acaban de conocer la presentación por parte de Biocantaber S.L. de documentación referida a parques eólicos a implantar "en los mismos o muy similares lugares". Según la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, Biocantaber es miembro de la Asociación Eólica de Cantabria, "cuyos miembros fueron adjudicatarios del anulado concurso eólico y sus proyectos coincidían en su zonificación con la documentación que ahora vuelven a presentar".

La plataforma denuncia que se desconoce la exacta ubicación de parques, instalaciones de acceso, subestaciones y líneas de transporte de la energía que se pretende generar, tanto por parte de Koly Green Company, S.L., como de Biocantaber S.L., sociedad en la que según la plataforma participa Iberdrola.

La plataforma denuncia que se está "vulnerando la normativa que defiende el derecho de todos a la transparencia, información y participación política popular (Convenio de Aarhus y normas que lo desarrollan); se está generando indefensión en el correcto ejercicio del derecho a la defensa de los legítimos intereses de los afectados; e incluso al mismo tiempo, salvo pacto previo entre Administración, bancos y empresas eléctricas, se estarían causando perjuicios a otros posibles interesados en la instalación de parques en nuestro territorio".

En su opinión, se trata de "una flagrante ilegalidad por parte del Gobierno", por lo que reclama la adopción urgente de medidas de naturaleza preventiva que afecten al funcionamiento del PLENERCAN 2014-2020 y la Ley de aprovechamiento eólico, así como que por la Fiscalía Superior de Cantabria "se abrá una urgente investigación para valorar las repercusiones de todo ello en el ámbito penal".

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