El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha reclamado este lunes al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que retrase hasta el curso 2016/17 la puesta en marcha de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato porque, según ha argumentado, de lo contrario, las comunidades autónomas no tendrán tiempo para hacerlo con "suficientes garantías".

Junto a sus homólogos de Asturias, Canarias y Cataluña, Alonso ha explicado que las regiones necesitan, en el mejor de los casos, siete meses para preparar todo el desarrollo normativo, el curriculum básico, las enseñanzas o las adaptaciones de los centros, por lo que "no podrá Andalucía y no podrán el resto de comunidades", ha advertido.

En rueda de prensa en el Congreso tras la aprobación este pasado viernes en el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, de los decretos que desarrollan los currículos básicos de ESO y Bachillerato en la Lomce, los responsables regionales de Educación han mostrado su rechazo al calendario de aplicación y ha reprochado al Gobierno que no haya convocado a las comunidades autónomas antes de su aprobación.

En su intervención, Alonso ha lamentado que el Gobierno haya aprobado esa normativa "por sorpresa" y en Navidad. "Suponemos que responde a una estrategia para que pase desapercibida y tratar de silenciar el malestar por la falta de consenso, pero es irresponsable", ha dicho el consejero que, como el resto de responsables autonómicos, ha criticado que la convocatoria de la Conferencia Sectorial se haga una vez aprobadas las normas y no antes, como sería preceptivo.

En cualquier caso, el consejero andaluz ha afirmado que las comunidades no tienen tiempo para todo el trabajo que implica la implantación del calendario. "No llegamos", ha recalcado Alonso, que ha repasado el trabajo que tiene que hacer la comunidad una vez que el Ministerio publique la normativa básica. En esa línea, ha dicho que dada la actitud de secretismo del Ministerio, necesitará "como mínimo un mes para estudiar la normativa estatal, diseñar itinerarios de ambas enseñanzas y definir contenidos de materias".

Sería necesario otro mes para elaborar los diseños curriculares de las materias y otro más para un primer borrador de Decreto y de Orden a las organizaciones, "porque en Andalucía las normas son debatidas y consensuadas". A partir de ahí, arrancaría la tramitación para la publicación del borrador del proyecto de Decreto, trámite que, según sus cálculos, necesita al menos seis meses más.

También se necesita tiempo para la documentación preceptiva y para dar a conocer la nueva norma a los centros para que puedan asumir e integrar los cambios en su proyecto educativo. Además, ha recordado que la norma afecta a la planificación educativa, a las plantillas y a la organización de los centros y ha incidido en que la escolarización en Andalucía es del 1 al 31 de marzo, de modo que la oferta educativa de cada centro debe estar establecida con anterioridad.

Así, ha resumido que, "frente a la chapuza de Wert", para "poder alcanzar un nivel aceptable" de calidad en la aplicación de la nueva ley, es necesario que la entrada en vigor de esta en ESO y Bachillerato se posponga un curso más. "Hemos dado argumentos más que suficientes para demostrar que el aplazamiento es imprescindible", ha subrayado Alonso, para quien "el sistema educativo requiere de previsión y debe ofrecer seguridad, lo contrario de lo que ofrece el Ministerio".

"no somos insumisos"

Sobre la posibilidad de aplicar o no la normativa, Alonso ha subrayado: "No somos insumisos". A renglón seguido ha dicho que la Junta no renunciará al concepto de inclusión ni al "consenso" con la comunidad educativa, recordando que someterá a evaluación de los órganos preceptivos los decretos, "cosa que no ha hecho el Gobierno".

Por su parte, el consejero canario, José Miguel Pérez, ha llamado a esperar a la reflexión del Ministerio pero ha advertido de que, "al margen de cuestiones ideológicas, "en Canarias no vamos a tener los desarrollos curriculares por falta de tiempo, por procedimiento, porque no vamos a poder recoger las opiniones de los consejos escolares".

La consejera asturiana, por su parte, ha señalado desconocer que pasará, ya que mientras se celebrarán elecciones autonómicas. No obstante, ha recordado que, como profesora de instituto, en junio se cierra la programación didáctica y con los plazos que hay "está claro que el curso va a empezar sin que el profesorado ni las editoriales tengan tiempo".

En cuanto a Cataluña, ha indicado que se tiene elaborado el currículo de la ESO por competencias, tal y como demanda Europa. "Nosotros este trabajo lo estamos difundiendo entre profesorado y es un proceso que a nuestro entender no contradice la Lomce. Vamos a estudiar este nuevo decreto, reflexionar y ver qué hacer pero, con seis meses vista, con el Bachillerato por ejemplo, con modalidades descompensadas. Nos tiene preocupados. En cuanto a la ESO, está todo articulado con respecto competencias básicas", ha explicado.

En "difícil equilibrio"

Alonso también ha hecho balance de la implantación que ya se ha producido y ha dicho que "cada uno está haciendo lo que puede, cree y debe" pero que "el resultado es el de fracaso". En términos generales, el andaluz ve un "difícil equilibrio" entre los esfuerzos de la Junta por mantener "un modelo inclusivo, de calidad y que busca el éxito de todos" frente a "los ataques del Gobierno central con una norma que segrega y que hace de la educación un producto de mercado que perpetua la desigualdad".

En respuesta a las preguntas de los periodistas, ha lamentado la supresión en la Lomce de Educación para la Ciudadanía, que para la Junta es una "asignatura irrenunciable" que "va a mantener" y, sobre Religión, ha dicho que "con 45 minutos hay tiempo suficiente para poder hacer el curriculum" establecido.