La dirección del PSOE-A se ha mostrado partidaria de estudiar fórmulas para evitar que las empresas que sean condenadas por casos de corrupción puedan concurrir a concursos para ser receptoras de adjudicaciones por parte de la administración, como en el ámbito de las obras públicas.

En una entrevista con Europa Press, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha expresado que, hasta ahora, los casos de corrupción se han centrado, sobre todo, en aquellos que han cometido delitos de aprovechamiento ilícito, como funcionarios o políticos, y, sin embargo, "hemos dejado de lado a esas empresas y empresarios que han estado dispuestas a dar". "Sin que haya alguien dispuesto a dar es difícil que alguien esté dispuesto a recibir", ha apuntado.

En este sentido, ha estimado que habría que "profundizar en el tema de la corrupción no solo en lo que respecta a aquellos que han cometido delitos de apropiación indebida o aprovechamiento ilícito, como funcionarios o políticos, sino en lo que respecta también a aquellos que son necesarios para que se dé corrupción, como algunos empresarios".

Así, propone estudiar fórmulas o mecanismos que impidan en la comunidad andaluza que empresas que hayan sido condenas por este tipo de conductas puedan concurrir a concursos para ser receptoras de adjudicaciones por parte de la administración, como en obras públicas.

"Aquellos empresarios que corrompen, deberían ser castigados", ha sentenciado Cornejo, para quien una fórmula podría ser estudiar mecanismos para que en la adjudicación de contratos y obras a través de las administraciones públicas se excluya, una vez que haya condena, a estas empresas para poder concurrir a obras públicas.

Ha manifestado que este asunto ya ha surgido en las conversaciones entre los dos socios en el Gobierno andaluz, PSOE-A e IULV-CA, y se han empezado a hacer planteamientos en esta línea.

Ha señalado que hemos tenido un caso muy reciente, como el de la empresa Fitonovo, en el que "han caído funcionarios, que eran sobornados con dinero de empresas, para adjudicaciones de obras".

Según Cornejo, impedir que empresas condenadas puedan concurrir a los concursos públicos es, sin duda, una forma más de luchar contra la corrupción, y ha señalado que algo así no está regulado en ningún lugar de España.

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