La reapertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba no afecta a las expectativas de los españoles herederos de los propietarios que vieron confiscadas sus propiedades en la isla, según ha explicado a Europa Press el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo, Javier González Vega.

Fue el pasado 17 de diciembre cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el de Cuba, Raúl Castro, se dirigieron a sus ciudadanos y dijeron que habían decidido normalizar sus relaciones diplomáticas, que habían estado ausentes desde 1961. Con la llegada de Fidel Castro al poder, en plena Revolución cubana, se realizaron una serie de confiscaciones de empresas y de bienes inmuebles.

Muchos de los afectados de esas confiscaciones, o sus herededos, residen en Estados Unidos y no renunciar a reclamar una compensación por lo ocurrido. Pero también en España viven personas que también tienen esperanza de conseguir una indemnización, a pesar de los años transcurridos. Para intentar poner remedio a esa situación, España firmó en 1986 un convenio con Cuba en el que se indemnizaba a los afectados por las expropiaciones. Pero no todos firmaron. Muchos se negaron alegando que la compensación que se pedía era insuficiente. Siguen esperando la oportunidad de poder ejercitar acciones legales.

Sin embargo, el nuevo escenario que se ha abierto entre Estados Unidos y Cuba no supone una gran novedad para estas personas, según González Vega, que se muestra escéptico sobre la posibilidad de que consigan algo en el futuro.

El experto en Derecho Internacional Público afecta a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero no a España, donde además se firmó un convenio específico para resarcir esa necesidad. Por lo tanto, ha explicado, las personas interesadas que quieran reclamar por alguna propiedad confiscada tendrán que hacerlo a título individual, sin el respaldo de su propio país, porque ya ha firmado un convenio para resolver esa situación. "El estado español ha renunciado expresamente a reclamar", ha apuntado.

Los estadounidenses, sin embargo, sí podrían canalizar sus reclamaciones a través de su Gobierno, lo que implica que tendrán mucha más fuerza y más capacidad de presión que los españoles. Eso, siempre y cuando que Cuba esté dispuesta a indemnizar de alguna manera.

Tras admitir que la apertura de relaciones admite "especulaciones", González Vega ha explicado que "hoy por hoy" no existe ningún indicio que permita pensar que el gobierno cubano vaya articular soluciones indemnizatorias, ni siquiera para los estadounidenses.

Es precisamente Cuba la que tendría que articular un proceso para resarcir patrimonialmente a esas personas, algo que González Vega ve "improbable". Se trata de inmuebles que, en la mayoría de los casos, han sido distribuidos entre la población. El catedrático de la Universidad de Oviedo no cree que nadie plantee devolverlos ahora a los herederos de los antiguos propietarios, dado que supondría un gran "problema social".

A pesar de que buena parte de esas personas sigan confiando en conseguir una compensación por los bienes expropiados, González Vega no lo considera probable, teniendo además en cuenta que el gobierno cubano no ha hablado de reformar el sistema económico.

Además, a lo largo de la historia se han producido procesos en la que no ha habido indemnización alguna. "En estas situaciones prima la estabilidad sobre el reconocimiento de derechos patrimoniales", ha comentado González Vega, que ha citado la Revolución Francesa o la desamortización liberal en España.

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