La legislación pretende someter a escrutinio el pasado de alrededor de 700.000 polacos, entre políticos, funcionarios, profesores y periodistas, a los que exige empezar a declarar, bajo amenaza de perder su puesto de trabajo, a partir del jueves en el Instituto de la Memoria Nacional, que administra los archivos de la policía secreta, según las previsiones del Ejecutivo.
Ahora queda pendiente por saber cuál será la reacción de los gemelos conservadores Lech y Jaroslaw Kaczynski ante el rechazo del Constitucional a algunos de los principales artículos de la polémica ley.
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