La Guardia Civil en coordinación con inspectores de Salud Pública de la Juna de Castilla y León han llevado a cabo de cara al consumo de Navidad una operación de alta intensidad que se ha saldado con la interposición de 153 infracciones administrativas tras las 255 inspecciones realizadas en locales dedicados a la venta de productos alimenticios, establecimientos hosteleros, tiendas, almacenes de alimentación y mercados ambulantes.

Fruto de la labor desplegada por diferentes equipos mixtos sobre el control del comercio y distribución ilegal de productos alimenticios, se han intervenido e inmovilizado más de 7.500 kilogramos de alimentos y 1.800 litros de bebidas, según informan fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

El objetivo principal ha sido detectar actividades irregulares en unas fechas donde el incremento del consumo provoca la puesta en el mercado de alimentos que no cumplen con los requisitos de seguridad alimentaria, falsificación de etiquetados y denominaciones de origen, la adulteración y venta de productos caducados o en mal estado, así como el transporte, distribución y almacenaje de alimentos sin control sanitario o sin respetar otros requisitos legales.

Con esta campaña se pretende concienciar a distribuidores y comerciantes de la necesidad de observar el cumplimiento de la normativa autonómica (Ley 10/2010 de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León), nacional y europea en materia de seguridad alimentaria, así como al consumidor para que preste atención a los etiquetados y la calidad de los productos que adquiere.

Las infracciones más comunes que se han detectado son la manipulación o carencia de etiquetados, la manipulación de las fechas de caducidad de los productos, el transporte o manipulación de alimentos sin control sanitario y la conservación de alimentos sin mantener la cadena de frío o con falta de trazabilidad.