La Junta de Personal de Servicios Centrales (JPS) de la Junta de Castilla y León ha presentado denuncia ante la Fiscalía de Valladolid contra responsables de la Administración regional y de la Agencia de Innovación, Financiación e Innovación Empresarial de Castilla y León por presuntos delitos de prevaricación continuada en materia de recursos humanos, nombramiento ilegal, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos públicos.

El órgano colegiado de representación sindical de los funcionarios de los servicios centrales de la Administración Autonómica adoptó esta decisión en su reunión plenaria celebrada el pasado día 3 de diciembre y entonces ya anunció que se daba un plazo de quince días para redactar, tramitar y presentar la oportuna denuncia, que cumplimentó este jueves en el registro de la Fiscalía vallisoletana, según informan a Europa Press fuentes de la JPS.

En concreto, se denuncia la contratación en la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León de trabajadores sin cumplir ninguno de los requisitos exigibles para el acceso al empleo público: sin oferta de empleo público, sin publicación oficial de la convocatoria y sin la realización de una oposición o concurso-oposición o concurso de traslados para funcionarios y/o laborales de la Administración o, en su caso, concurso abierto a otras administraciones públicas, con respeto de los principios constitucionales de igualdad, merito y capacidad, así como publicidad oficial de las convocatorias.

Y es que, tal y como sostienen los denunciantes, en el presente caso se sustituyen los procedimientos legalmente previstos por "la arbitraria voluntad de quien realiza la asignación, lo que define la presunta conducta prevaricadora".

La denuncia refiere igualmente la asignación de trabajadores a puestos de libre designación sin cumplir las condiciones de fijeza en el puesto, derivadas del acceso al mismo mediante un procedimiento reglado, que exige la normativa de función pública. "Es una conducta que presuntamente tiene cabida en tipo penal de nombramiento ilegal, permitiendo que determinados puestos de dicha Administración sean ocupados por quienes la Ley no permite que los ocupen".

También se denuncia la presunta usurpación de funciones públicas en puestos reservados con carácter exclusivo para su ejercicio funcionarial, así como la presunta malversación de fondos públicos derivada de la retribución a directivos, libres designaciones y otros empleados del ente público Agencia de Innovación, no por desempeñar sus puestos tras superar las pruebas legalmente previstas, sino por mera liberalidad de los denunciados sin que exista ninguna obligación legal para ello.

El escrito que obra ya en poder del departamento de Esther Pérez Jerez se alude asimismo a la presunta malversación derivada de la decisión de asumir el déficit de empresas altamente endeudadas y en situación de quiebra técnica, contraviniendo para ello la normativa mercantil y de patrimonio de las administraciones públicas, junto con la presunta malversación de recursos públicos y presunta prevaricación derivada de la concesión a los trabajadores de la Agencia de gratificaciones extraordinarias no previstas en la Ley, en forma de días de descanso o compensación económica a elección del trabajador, sin que exista ninguna obligación legal o sentencia que obligue a hacerlo, como se reconoce expresamente de la comunicación efectuada por la directora general de la agencia a todos sus empleados.