Las fuerzas de oposición del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla); PP, PA e IU-CA, han criticado este jueves el "bloqueo" del Gobierno local socialista a la sesión prevista del consejo de administración de la sociedad municipal Innovar, heredera de las funciones y el personal de la extinta Alcalá Comunicación Municipal (ACM), sesión que habría de materializar los acuerdos adoptados en el seno de la junta general de la empresa gracias a la mayoría de la que gozan los partidos de oposición.

La sociedad alcalareña Innovar, a instancias de las fuerzas de oposición, pues las mismas suman mayoría frente al Gobierno municipal socialista, celebró recientemente una sesión de su junta general aprobando toda una serie de medidas en torno a la gestión de esta empresa municipal.

Fue aprobado, entre otras cosas, una petición de "aclaraciones relativas al supuesto nombramiento y/o sustitución de la persona del gerente", así como la supresión de este cargo para que el consejo de administración de la empresa asuma sus funciones. Fue aprobada además la formulación de las cuentas del año 2013, una petición de información sobre la "situación" del proyecto 'Alcalá +i', "especialmente del estado de ejecución de los contratos actualmente en desarrollo", e "instrucciones y directrices dirigidas al consejo de administración en materia de gestión".

Una vez aprobados estos acuerdos, mediaba un plazo de cinco días para convocar al consejo de administración de esta sociedad municipal y hacer efectivos los cambios, según los cuales el propio consejo de administración asumiría las labores gerenciales, toda vez que las fuerzas de oposición defienden estas medias alegando la necesidad de "erradicar cualquier sospecha de mal uso del dinero público y conocer oficialmente la situación actual de la gerencia o las cuentas del año 2013". Y es que esta empresa municipal habría absorbido las funciones y recursos de la sociedad municipal ACM al ser extinguida esta última.

ACM, como hemos informado, está siendo investigada por el Juzgado mixto número dos de Alcalá como consecuencia de las presuntas "irregularidades" descubiertas en su gestión, pues con sus fondos habrían sido financiados, siempre supuestamente, gastos privados como viajes, regalos e incluso una operación quirúrgica.

El caso, como han explicado a Europa Press los portavoces municipales del PP, el PA e IU-CA; Carmen R. Hornillo, Lola Aquino y Alberto Miranda, respectivamente, es que dicha sesión del consejo de administración no habría sido convocada por la presidenta del consejo de administración, la concejal María José Borge (PSOE), y los consejeros de la oposición decidieron "autoconvocarse" para este pasado miércoles, aunque al llegara la sede social de la empresa se encontraron "la puerta cerrada".

Previamente, Borge les habría dirigido "un burofax" alegando que la convocatoria promovida por estos consejeros para el consejo de administración de la empresa "no se ajustaba a la legalidad", al no haber sido elevadas a públicas las actas de la sesión de la junta general de accionistas. Las fuerzas de oposición, en ese sentido, avisan de que los socialistas se agarran a "resquicios legales" para "bloquear" la celebración de esta sesión del consejo de administración.

"Están intentando ganar tiempo con una patada hacia adelante", han coincidido todos ellos asegurando que los socialistas se han aferrado a una mera "excusa" para impedir que se materializasen los mencionados acuerdos. La sesión, finalmente, habría quedado convocada de nuevo para el 19 de noviembre.