El departamento de Justicia de la Generalitat ha concedido el régimen abierto al exdirigente de UDC y ex director general de Empleo Lluís Gavaldà, condenado a un año y medio de prisión por el desvío de subvenciones públicas, en el denominado 'caso Pallerols'.

Según han confirmado a Efe fuentes penitenciarias, Gavaldà, que ingresó en prisión en septiembre después de que le fuera denegado el indulto que solicitó, goza ya del tercer grado penitenciario, tras permanecer dos meses y medio encarcelado.

Gavaldà tuvo que ingresar en la cárcel el pasado mes de septiembre después de que la Sección Segunda de la Audiencia, con el voto particular de uno de los magistrados, denegara suspender por multa o trabajos en beneficio de la comunidad la pena de prisión que le impusieron por el 'caso Pallerols', en el que UDC fue condenada como responsable civil subsidiaria.

La defensa de Lluís Gavaldà, que fue director general de Empleo, pidió a la sala que conmutara la pena de prisión que se le impuso, después de que el pasado mes de julio el Consejo de Ministros resolviera denegarle el indulto que había solicitado, una medida de gracia a la que la Audiencia de Barcelona ya se había opuesto.

Lluís Gavaldà era el único de los condenados a penas de prisión por el 'caso Pallerols' que estaba en la cárcel, ya que el empresario andorrano Fidel Pallerols y el exsecretario de Organización de Unió Democrática de Catalunya (UDC) Vicenç Gavaldà, hermano de Lluís, habían salido ya en régimen abierto a las pocas semanas de haber ingresado, el pasado mes de mayo, en la cárcel.

Aunque fue condenado a menos de dos años de cárcel, la Audiencia de Barcelona esgrimió la gravedad de los hechos cometidos por el exdirector general de Empleo para rechazar suspenderle la pena de cárcel, pese a admitir que reparó el daño al devolver el dinero desviado.

Además, la sala argumentó que la patología cardíaca que sufre el condenado no impedía su entrada en prisión, ya que, aunque su dolencia constituya "un obstáculo para la realización de cualquier actividad laboral, no presenta un cuadro de gravedad con la entidad necesaria como para justificar que se excepcione el principio general de cumplimiento de las penas (...)".

Durante la sesión de control al Govern en el Parlamento catalán, el diputado de la CUP David Fernándezha interpelado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, sobre la "constatación de la impunidad de la corrupción" y ha considerado una "vergüenza" que se le otorgue el tercer grado penitenciario a Gavaldà, del mismo modo que hace unos meses se le aplicó también a su hermano Vicenç, exsecretario de organización de UDC, o al empresario Fidel Pallerols, ambos condenados por el mismo caso a siete meses de cárcel. Fernández ha recordado el resto de casos en que los penados han acudido solo a dormir a prisión al poco de pisar la cárcel, como sucedió con los condenados por el terrorismo del GAL o los condenados por el caso Filesa, de financiación irregular del PSOE.

El 22% de los presos que hay en las cárceles de Cataluña está en tercer grado, ha dicho el presidente catalán, quien considera que "hay muchos reclusos anónimos, no solo los conocidos" a los que se les aplica ese mecanismo, "con independencia de su condición social". Mas ha pretendido rebatir de esta manera "que se escandalice a la gente porque salgan antes" algunas personas, y ha invocado la aplicación de la ley.

David Fernández ha replicado que lo que resulta escandaloso es la desigualdad y la celeridad en cómo se aplica la ley. La concesión del tercer grado es una facultad discrecional de la junta de tratamiento de las prisiones que en la mayoría de los casos no hace otra cosa que seguir las directrices políticas del Departamento de Justicia cuando se trata de presos conocidos.

ICV-EUiA también ha mostrado su rechazo a la medida y ha pedido aprobar, en el último Pleno del año en el Parlament,  una resolución que inste al Govern a revocar el tercer grado a Gavaldà, y que repruebe al consejero de Justicia, Germà Gordó, por "el evidente trato privilegiado" hacia el exdirigente de UDC. Para ello, necesita que al menos otro grupo solicite una Junta de Portavoces extraordinaria, en la que tendría que aprobarse por unanimidad su incorporación en el orden del día. "La situación es bastante excepcional para que los grupos no se escondan detrás el reglamento y no abordarlo este mismo miércoles", ha justificado la portavoz ecosocialista Dolors Camats.