La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión de David Marjaliza, socio de Francisco Granados en la trama Púnica, porque considera que el juez no prorrogó ilegalmente su detención en octubre y además existen "graves indicios" de que tenía un papel "relevante" en esa red corrupta. En un auto, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia rechaza los argumentos de Marjaliza, empresario de la construcción y amigo de Granados, para pedir su libertad, entre ellos que no existe riesgo de que huya del país ni de que destruya pruebas.

Al contrario, la sala apoya la actuación del juez Eloy Velasco al dictar la prisión incondicional porque sí hay un "claro" riesgo de fuga dado que "se han acumulado contra él graves indicios de posible participación" en los delitos de integración en organización criminal, delito fiscal, blanqueo, falsificación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y negociaciones prohibidas.

Estos delitos, según destaca, se castigan en su mayoría con penas superiores a los dos años de prisión (pena mínima para entrar en la cárcel si no se tienen antecedentes). La sección añade que "existen serios indicios" a través de conversaciones pinchadas, seguimientos practicados y documentación incautada, de que Marjaliza "desarrollaba una prevalente actividad en un colectivo de personas dedicadas a mover voluntades en varios ayuntamientos de Madrid y en las esferas gubernamentales de la Comunidad de Madrid".

La red perseguía, añade, "obtener cuantiosos beneficios ilegales en la contratación pública amañada y en la espuria recalificación de terrenos, cuyo dinero ha exportado a paraísos fiscales buscando su opacidad, con el consiguiente perjuicio al erario público y a la buena administración de la colectividad, fomentando detestables actitudes corruptas".

Para los jueces Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, las "graves responsabilidades penales" que se atribuyen a Marjaliza incluyen sus contactos con personas que podrían facilitar su huida. "Su conocimiento de los hechos y su intervención en la trama delictiva" resulta constatada, y además aparece como "uno de los principales instigadores y beneficiarios de la red de corrupción política y económica desarticulada", dicen los magistrados.

Marjaliza también alegó en su recurso, al igual que la defensa de Granados en otro que presentó contra su prisión, que se alargó ilegalmente su periodo de detención judicial más allá de la 72 horas previstas en la ley.

El socio de Granados fue arrestado el 27 de octubre, cuando se inició la operación Púnica, aunque hasta el día 31 no pasó a disposición del juez Velasco, por lo que la defensa consideraba que los cuatro días de detención fueron ilegales. Sin embargo, la sala recuerda que el arresto del día 27 no fue judicial, sino policial (practicado por la Guardia Civil) y como hasta el 29, cuando Velasco dicto un auto de detención, no comenzó a contar el plazo del arresto judicial, todo fue legal.

En este sentido, abunda en que "en ningún momento se ha podido constatar que la Guardia Civil (...) no desempeñara sus funciones de modo autónomo y sin atenerse a las específicas órdenes recibidas del magistrado instructor, que no existieron" durante los dos primeros días de su arresto". Por ello, insiste en que los agentes actuaron esos días "con autonomía y sin someterse a las directrices" de Velasco.

También rechaza la tesis de la defensa de Marjaliza de que los agentes pierdan su autonomía en el momento en que la investigación está judicializada, ya que esa interpretación es contraria a la ley y a la "práctica de los procedimientos judiciales en general". El caso Púnica suma hasta el momento medio centenar de imputados, de los que 32 fueron detenidos y de ellos 7 fueron a prisión sin posibilidad de fianza, como fue el caso de Marjaliza y Granados.

El sumario de esta causa, que permanece secreto, cuenta ya con 35 tomos. El juez ha tomado declaración después de los arrestos a 23 personas en noviembre, entre imputados y testigos, y tiene previsto interrogar a otras 25 a lo largo de este mes. En enero ha citado a 10 personas más y en febrero a otras 8.