El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, han coincidido este lunes en que la justicia actual sufre de una serie de "problemas estructurales", algunos "caleidoscópicos" que tienen que resolverse desde "varios frentes", y se han comprometido a seguir trabajando el año próximo con el objetivo de reducir sus efectos en la medida de lo posible.

Ha sido con motivo de la reunión de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz, en la que han participado los nuevos miembros de la comisión permanente y de la comisión mixta, que han jurado o prometido sus cargos, además de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y directores generales de la Consejería.

En declaraciones a los periodistas antes del encuentro, el presidente del TSJA ha reflexionado sobre lo "complicado" del momento a consecuencia de la crisis, y ha incidido en que el problema que sufre la justicia es "calidoscópico" y "múltiple", en tanto que "tiene muchas vertientes y una sola institución no la puede solucionar".

De hecho, ha hecho alusión a varias necesidades. En primer lugar, ha abogado por reformas legislativas, a efectos de mejorar el ámbito penal en cuanto a agilidad y eficacia, y, en segundo, se ha referido a la necesidad de reforma de las leyes orgánicas que afecten a los juzgados y a la puesta en marcha de infraestructuras.

Por último, ha indicado que hay que mejorar la "gestión" de los recursos personales de los juzgados, porque ello redundará en una respuesta más eficiente "en juzgados sobrecargados y saturados de trabajo".

"Esperamos que para el año que viene ojalá lleguen unas reformas que se anuncian de mejora del proceso penal, de organización del trabajo, de lo que se llama de distribución de carga de trabajo, de racionalización, y de mejora de infraestructuras", ha concluido Del Río.

Problemas que tiene que resolver el gobierno

Por su parte, el consejero ha coincidido con el presidente del TSJA en que la justicia tiene una serie de problemas "estructurales", algunos de los cuales les corresponde resolver al Gobierno central, como la reforma global del proceso penal, o la implantación de los tribunales de instancia.

Desde la Consejería, según ha recordado, se está impulsando el nuevo modelo de oficina judicial y fiscal, con el que se pretende poner en marcha una serie de servicios comunes de funcionarios, y también está implantando herramientas informáticas y telemáticas al servicio de la administración de justicia, y ya está culminando la distribución de los más de 6.700 equipos nuevos que se han puesto a disposición de los juzgados, tribunales y fiscalías de Andalucía.

Asimismo, se están poniendo en marcha medidas para agilizar la actividad judicial, y ganar en seguridad, con el sistema de intercomunicación e interconexión de consultas, lo que permitirá conocer las condenas pendientes que tiene cualquier acusado; y sistemas como el Lexnet ha conllevado una mayor agilización de la actividad judicial.

En materia de infraestructuras judiciales, ha anunciado que este mismo lunes ha comenzado el traslado de la Fiscalía Superior de Andalucía y de la Fiscalía Provincial de Granada, lo que culminará en una semana, y también se han iniciado ya las obras en la Ciudad de la Justicia de Córdoba.