El colectivo de operadoras de máquinas Recreativas de Castilla y León se halla en 'pie de guerra' frente a la modificación del decreto 12/2005, que regula las máquinas y los salones de juego en Castilla y León, y que incluye, entre otras medidas, la regulación de máquinas bajo servidor, denominadas SBG, que permitirá su implantación en los bares y cafeterías de la Comunidad y que, en opinión de los empresarios, pone en peligro la pervivencia de un sector compuesto por más de cuatrocientas empresas que dan empleo a más de dos mil trabajadores.

Si ya en la Ley 11 de 2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias se contemplaba este tipo de máquinas, ha sido en 2014 cuando la Dirección General de Ordenación del Territorio y Administración Local, dependiente de la Consejería de Presidencia, ha creado una comisión técnica de trabajo para estudiar la forma de regular las SBG, lo que implicará modificar el decreto 12/2005, de 3 de febrero, que regía el funcionamiento de las tradicionales 'tragaperras'.

Este nuevo producto ha sido "fuertemente" contestado por la Federación de Asociaciones de Máquinas Recreativas de Castilla y León (Faocale), cuyo presidente, Juan Luis Chamorro, en declaraciones a Europa Press, entiende que obligará a las operadoras asociadas a realizar unos gastos innecesarios para adquirir, en propiedad o régimen de alquiler, máquinas que, en la mayoría de los casos, serán facilitadas por empresas extranjeras y que por ello supondrá compartir con un tercero el pastel que hasta ahora se repartían entre dos.

"Los 3.600 euros de la tasa fiscal sobre el juego que paga cada una de las 'tragaperras' a la Administración autonómica se verán recortadas, además de los beneficios que se reparten las operadoras y los titulares de los establecimientos, si bien esta modificación que permite implantar unas máquinas bajo servidor, que no quiere nadie, implica meter en el negocio a un tercero", precisamente las empresas suministradoras de estas SBG —estarán conectadas a un servidor— y que se encargarán de descargar en ellas determinados juegos, denuncia Chamorro, quien sostiene que la nueva reglamentación es ajena a las demandas del sector y responde más "intereses particulares" que ha preferido no detallar.

La junta "se ha saltado los trámites"

Pero además, Faocale, que representa a ocho de las nueve provincias, excepto Burgos, muestra su sorpresa por el hecho de que la tributación por estas nuevas máquinas, inicialmente prevista en 1.300 euros y un 15 por ciento del 'win' de la recaudación, quedará posiblemente rebajada en 2015 a 1.000 euros y un 10 por ciento de lo recaudado, pero sobre todo por el hecho de que en esta ocasión la Administración autonómica se ha "saltado" todos los trámites y ha remitido directamente el proyecto de modificación del decreto 12/2205, a la Comisión Europea, en lugar de recabar informes previos del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo.

"Aquí, directamente, Luis Miguel González Gago, director general de Ordenación del Territorio y Administración Local, se ha ido directamente a Bruselas", censura Chamorro, quien recuerda que precisamente existe un informe contrario del CES por entender que estas nuevas máquinas B bajo servidor "deberían instalarse únicamente en locales que cuenten con control de acceso", descartando bares y cafeterías.

El CES apunta además a la Junta que debería replantearse si el momento actual es el más idóneo para llevar a cabo estas modificaciones o bien sería mejor esperar a que el grupo de trabajo del Consejo de Políticas de Juego (CPsJ) alcance acuerdos sobre las características de estas máquinas, a la vez que aprecia una reforma más que una modificación parcial del decreto, al afectar a contenidos esenciales, y por ello sostiene que hubiera resultado más adecuada la elaboración de un nuevo reglamento.

Fomento de la ludopatía

"La Junta se justifica en que supone la evolución del recreativo, pero entendemos que se puede evolucionar sin meter a un tercero y sin tener que introducir estas máquinas que, repito, no quiere ningún empresario del sector y que, además, constituye un grave peligro de fomentar la ludopatía entre los ciudadanos", alerta el presidente de Faocale.

Y es que el colectivo de operadoras de máquinas recreativas recuerda que las tradicionales 'tragaperras' otorgan premios de hasta 240 euros, mientras que en el caso de las SBG se elevarán a los 2.500 euros por un 'jack pot' en bares y cafeterías y hasta los 12.000 euros en salones recreativos. "Queremos que el que quiera jugar se vaya a los casinos o al bingo y que en los bares el cliente se tome su cervecita o cubatita y se juegue unos euros pero que no se arruine", concluye Chamorro.

Sin embargo, el director general de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, ha defendido la nueva reglamentación que, según apunta, cuenta con el respaldo de la otra asociación representativa del sector, Aseocyl, y entiende que las reticencias de Faocale son fruto de un tema "empresarial de fabricantes, pues hay unos empresarios mejor posicionados, que son los que apoyan las nuevas máquinas, y otros que se hayan en peor situación a la hora de conseguir la descarga de esos juegos".

"opción voluntaria"

En cualquier caso, el representante de la Junta recuerda que la adquisición o no de las nuevas máquinas es una "opción voluntaria" para el empresario.

"El que quiera seguir con las tradicionales que lo haga y el que opte por las nuevas, lo mismo, pues las nuevas tecnologías son imparables, son las que mandan", ha advertido González Gago, quien, en declaraciones a Europa Press, asegura no entender el "empecinamiento" de Faocale por oponerse a los deseos de la otra asociación mayoritaria, "cuando hasta ahora el 80 por ciento de sus reivindicaciones han sido atendidas".

El representante de la Junta ha indicado igualmente que a la hora de tramitar la modificación del reglamento de máquinas recreativas se han respetado los cauces ordinarios, con la fase de audiencia al sector y el informe de la Asesoría Jurídica de la Junta y posterior remisión del borrador a Bruselas, para más tarde recabar informes del CES y próximamente del Consultivo, y todo ello con el fin de "agilizar plazos" para que la aprobación definitiva pueda llegar en los primeros meses de 2015.

La referida reglamentación es en la actualidad objeto de debate en el Consejo de Políticas de Juego, donde, como así recuerda González, se ha consultado a todas las CC.AA y el 90 por ciento de ellas se ha mostrado a favor de esta nueva regulación que, además, "permite una diversificación de los juegos" y redundará en una "mejor justicia distributiva de la imposición", toda vez que con las nuevas máquinas se establece un 'win' para que aquellas con menor recaudación paguen menos que las que registran mayores beneficios.

Aunque la nueva reglamentación supondrá la entrada de un tercer agente encargado de descargar los nuevos juegos de las máquinas SBG, tal y como critica Faocale, el responsable de la Junta ha recordado que lo mismo ocurrió cuando todas las salas de bingo quedaron interconectadas entre sí para, entre otros objetivos, ofrecer premios más suculentos, lo que llevó a introducir en escena la figura del proveedor tecnológico, algo que el político considera un "tema imparable".