El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha propuesto una serie de incompatibilidades para sus cargos públicos y miembros orgánicos según las cuales, por ejemplo, los diputados no podrán ser consejeros o altos cargos del Gobierno o de las sociedades públicas, alcalde, ni concejal con dedicación exclusiva. Además, aquellos dirigentes de la formación involucrados en actuaciones penales dimitirán en el momento de apertura de juicio oral, y serán suspendidos de militancia hasta que se dicte sentencia.

A ambos planteamientos, incluidos en la ponencia sobre estrategia política que el PRC debatirá este domingo en su XI Congreso Regional 'Ahora sí, Cantabria', se podrán aplicar excepciones, acordadas por mayoría de la Ejecutiva del partido que lidera Miguel Ángel Revilla, que se presenta a la reelección en el cargo.

La ponencia ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por el vicesecretario general del PRC, Rafael de la Sierra, que ha resumido la estrategia política de los regionalistas en dos principios básicos: honradez y ética por un lado, y buena gestión y sentido común por otro, y que son los que han regido el partido desde 1986, ha asegurado.

El también portavoz del Grupo Parlamentario ha indicado asimismo que el PRC aprobará modificaciones legislativas para luchar contra la corrupción y medidas para garantizar la transparencia y fomentar la participación en la gestión pública.

INCOMPATIBILIDADES

El documento, impulsado por el propio De la Sierra, servirá para dotar al partido de un régimen de incompatibilidades, dirigido tanto a garantizar la imparcialidad y la dedicación de sus cargos públicos como a propiciar el acceso a dichos cargos del mayor número de personas preparadas.

De este modo, ningún diputado podrá ser a la vez alto cargo del Gobierno o de las sociedades públicas, alcalde, ni concejal con dedicación exclusiva. Y en el caso de que algún titular de las vicesecretarías y secretarías del partido —como, por ejemplo, el secretario general— fuera designado diputado o alcalde, el Comité Ejecutivo, por mayoría absoluta o mediante resolución motivada, tendrá que pronunciarse sobre la compatibilidad entre el cargo público y el orgánico.

Los regionalistas tampoco podrán formar parte de más de un órgano directivo o Consejo de Administración de sociedades, fundaciones o entes públicos o privados de función pública, salvo en aquellos supuestos en que legalmente le corresponda en función de su cargo.

CORRUPCIÓN

El documento político contempla también normas de actuación para los cargos públicos que se vean imputados por delitos de corrupción política, que pasan por la dimisión desde el momento en que sea firme el auto de apertura de juicio oral, desde el auto de procesamiento o desde el auto que acuerde prisión preventiva. En los tres supuestos, el afectado será suspendido de militancia en el partido en tanto esa situación se mantenga.

También será motivo de baja en el PRC la sentencia firme de condena por un delito en el ejercicio del cargo público y el Comité Ejecutivo podrá exigir el cese en los casos en que, a pesar de no haberse producido la apertura del juicio oral, el auto de procesamiento o la prisión preventiva, las circunstancias del delito o la repercusión social del mismo así lo aconsejen. En este sentido, De la Sierra ha citado supuestos relacionados con violencia de género o pederastia, por ejemplo.

El Comité Ejecutivo, por mayoría absoluta, podrá determinar que el momento en que el cargo público debe dimitir de su cargo representativo y ser suspendido de militancia sea la sentencia condenatoria, si existen razones "especialísimas", que deberán motivarse, y siempre que no exista enriquecimiento ilícito. A este respecto se valorará de manera especial la imputación que se base exclusivamente en la pertenencia a un órgano colegiado o sentencias absolutorias anteriores en asuntos similares.

Y aunque la ponencia desarrolla un manifiesto a favor de la política y la gestión pública y en contra de las campañas de desprestigio de los representantes públicos y del sistema democrático, —porque pese a los casos de corrupción" la clase política, "en su gran mayoría, ni es corrupta, ni es irresponsable"—, dadas las circunstancias actuales y casos "gravísimos" de vulneración de la ley y enriquecimiento injusto, el PRC se pronuncia a favor de la reforma del Código Penal.

Reforma código penal

Se propone así reforzar las penas en corrupción política, establecer penas de prisión para los casos graves de prevaricación dolosa y definir nuevos tipos penales (alteración de cuentas públicas o de formaciones políticas; financiación ilegal, con responsabilidad para el máximo responsable político, para el gerente y el tesorero del partido; penalidad relevante para el cohecho activo, y tipificación del delito de enriquecimiento injustificado).

También se aboga por aumentar los plazos de prescripción de delitos relacionados con la corrupción; modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar la urgencia en la investigación, esclarecimiento y sanción de los delitos relacionados con la gestión pública; establecer criterios claros sobre financiación de partidos políticos; reformar el régimen de aforamiento.

Igualmente, se apuesta por definir los modos de financiación de partidos; y publicitar quienes hagan aportaciones; prohibir que bancos, cajas y entidades financieras condone deudas a partidos o agrupaciones electorales; informar al Tribunal de Cuentas de donaciones o tratos de favor a partidos; prohibir el acceso de políticos cesados en su cargo a puestos de relevancia en empresas públicas o privadas; adoptar medidas contra el transfuguismo y prohibición de los indultos en materia de corrupción política, salvo por las razones generales.

Transparencia y participación

En materia de transparencia, la ponencia introduce la obligatoriedad de dar publicidad a todos los contratos públicos y a los gastos de representación, las agendas, los sueldos y remuneraciones, la declaración de bienes y las declaraciones de la renta de los cargos públicos. En consecuencia, los cargos públicos del PRC deberán publicar sus declaraciones de bienes, actividades y de la renta tanto en el registro del órgano al que pertenezcan como en la página web del partido.

En cuanto a la participación, el PRC apuesta por una relación permanente de secretario de Organización y el portavoz parlamentario con los comités locales y propugna la creación de tres comisiones para la coordinación de la acción política en materia local y autonómica.

La vulneración de todas estas normas de actuación política podrá ser motivo de sanción, incluida la expulsión, y el Comité Ejecutivo constituirá una Comisión de Seguimiento para velar por su cumplimiento.

Elección directa de alcaldes

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas sobre la elección directa de alcaldes, extremo sobre el que se pronunciará el PRC en el Congreso del domingo, De la Sierra ha señalado que en el partido "dejamos la puerta abierta a todo", también a las listas abiertas, que es "otro tema recurrente".

Será una comisión la que se encargue de estudiar posibles cambios electorales, según ha precisado el portavoz parlamentario, cuestionado por este asunto a raíz de las declaraciones del vicesecretario y diputado Francisco Javier López Marcano, que expresó su deseo de que el Congreso rechace la elección directa al estar "absolutamente" en contra y, también, a propósito de una enmienda introducida a la ponencia sobre política municipal.