Los altos cargos de la Comunitat Valenciana podrán ser cesados por el incumplimiento de normas de transparencia, se retirarán las placas conmemorativas por razón de condena por sentencia firme y parte de su sueldo —al menos un 10 por ciento— se vinculará al cumplimiento de objetivos asignados, que serán evaluados por una entidad "experta e independiente".

Estas son algunas de las medidas que se contemplan en el proyecto de Ley de Transparencia, buen gobierno y participación valenciana, que este viernes ha aprobado el Consell para su remisión a las Corts Valencianes, por lo que "con seguridad", la norma se va a aprobar "en esta legislatura".

Así lo ha manifestado el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, quien ha comparecido en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell y ha dado cuenta de las novedades que incorporar el proyecto —respecto al anteproyecto que se adelantó— tras el período de consulta pública.

Císcar ha detallado que se han recibido un total de 136 propuestas ciudadanas, de las que se han incorporado 66 de forma íntegra (un 49%) y 11 de manera parcial. Entre ellas, destaca la creación del Consell de Transparencia, como una entidad independiente, en lugar del Síndic de Greuges, tal y como se había planteado inicialmente.

Asimismo, se establece un sistema sancionador propio, diferente al estatal, para aquellas personas y entidad que incumplan las disposiciones de la ley. Este régimen prevé, para las autoridades y cargos directivos, sanciones que podrán llegar al cese por el incumplimiento de normas y, en el caso de los funcionarios, a aquellas que medidas que marca su estatuto legal. Respecto a las entidades que reciben ayudas públicas, el castigo podrá alcanzar los 400.000 euros y la devolución de la partida recibida en casos muy graves.

También se han recogido las peticiones ciudadanas para que el silencio administrativo sea positivo en la solicitud de acceso a la información; la obligación de publicidad activa por parte de aquellas entidades que reciben más de 10.000 euros de ayudas públicas al año; y la difusión públicas por parte de cargos públicos de su declaración de bienes y derechos patrimoniales y variaciones.

Císcar se ha mostrado convencido de que esta ley "marcará un antes y un después en materia de transparencia en la Comunitat Valenciana" y ha confiado en que, en un futuro, se tendrá que hablar menos de la necesidad de ese concepto porque estará "anclado" en el sistema valenciano.