El PSOE-A ha valorado este miércoles que el Presupuesto andaluz para 2015 vaya a recoger un proceso "histórico" de acceso por parte de corporaciones locales, cooperativas o empresas de la economía social a la propiedad de las tierras públicas del IARA.

En rueda de prensa, el portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, se ha referido así al hecho de que la Ponencia del Presupuestos de 2015 emitida ayer incorporara una enmienda de su grupo, que también contó con una transaccional de IULV-CA, que permitirá una modificación de la Ley del sector público para que las tierras destinadas al uso agrícola, adscritas a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y sus entidades instrumentales puedan ser "objeto de enajenación" a favor de entidades asociativas agrarias o de corporaciones locales.

Para ello, se establecerá un procedimiento que garantice la "igualdad, concurrencia y publicidad" en la adjudicación de estas tierras, "siempre y cuando no estén en posesión de terceros".

La medida deberá reglamentarse dando prioridad al acceso a la tierra a los jóvenes que se incorporen a la actividad agraria y tengan como objetivo proyectos que "vertebren el medio rural y sean generadores de empleo". Igualmente se priorizará el acceso a la tierra a agricultores y ganaderos que vayan a desarrollar modelos de explotación destinados a las producciones más respetuosas con el medio ambiente, como la ecológica o la integrada.

También se establece que los ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen las tierras podrán adquirirlas con preferencia respecto a cualquier otra entidad, abonando el precio de las fincas en los términos del párrafo tercero de este artículo. Cuando las entidades locales opten por adquirir las tierras y acrediten el interés social, "se reducirá su precio de enajenación en un treinta por ciento respecto a su valor de tasación". El precio podrá aplazarse hasta un máximo de veinticinco años desde la transmisión del bien. Los títulos traslativos del dominio establecerán las garantías del precio aplazado.

Según Mario Jiménez, unas 5.000 hectáreas pueden estar en condiciones de enajenarse y pasar a ser explotadas por esas cooperativas o empresas de economía social, que asumirían la titularidad de las mismas.

Para el portavoz socialista, este proceso podría compararse con el relativo a las viviendas de protección oficial en régimen de venta, que son propiedad de la administración y cuando salen a la venta, su titularidad pasa a la persona que la adquiere.

A su juicio, este proceso es una manera de dinamizar el campo andaluz, que es un sector fundamental en la economía andaluza.