El Gobierno de Cantabria ha aprobado un nuevo procedimiento de responsabilidad patrimonial por el que los propietarios de 21 viviendas de la Unidad de Ejecución L-05 en Liencres (Piélagos), sobre la que pesa una orden de demolición, podrán recibir otra casa "de las mismas características y calidades en la zona".

Este procedimiento se suma a los aprobados anteriormente por el Ejecutivo para otras viviendas con sentencia de derribo en Cantabria, como es el caso de Entrelindes, también ubicada en Liencres, y en La Arena (Arnuero).

En comunicado, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha lanzado este domingo un mensaje de "garantía y tranquilidad" a las familias de las viviendas afectadas por sentencias de derribo y ha asegurado que las medidas impulsadas desde el Gobierno regional "aseguran su patrimonio".

Ha insistido en que las familias de las viviendas afectadas tendrán "en una mano" la solución de legalización planteada por el Gobierno regional, y, en la otra, "una garantía de que obtendrán una vivienda de sustitución de las mismas características o una indemnización económica fijada por un árbitro".

Fernández ha "confiado" en que prospere el proceso de legalización de las viviendas de la unidad de ejecución L-05 de Liencres, consistente en la autorización provisional de las casas y la posterior obtención de la licencia.

A pesar de esta esperanza en la legalización, el Gobierno ha explicado que se ha decidido a iniciar esta nueva vía de indemnización para que las familias tengan "tranquilidad" y cuenten con un "seguro" por si la solución de la legalización de las viviendas "tuviese un problema en el futuro".

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