La Diputación Provincial de Almería acoge este viernes un pleno ordinario en el que, entre otros asuntos, el equipo de gobierno prevé aprobar inicialmente el presupuesto general para el próximo ejercicio que asciende a 189.774.900 euros, lo que supone un aumento de 5,5 millones de euros con respecto a las cuentas de este año, y sobre el que la oposición prevé presentar enmiendas y alegaciones

Según las cifras ofrecidas en rueda de prensa, el ahorro bruto previsto para la siguiente anualidad asciende a 30.443.000 euros, que en términos netos se establece en 14.418.000 euros. Asimismo, se estima una capacidad de financiación de 7.740.000 euros, con lo que se prevé estabilidad positiva.

Entre los principales gastos, se prevé invertir 3,8 millones de euros en el servicio de prevención y extinción de incendios de la provincia, 43,7 millones de euros en asistencia social primaria, 14,3 millones de euros al fomento y políticas de empleo, dos millones de euros para la promoción cultural, 2,1 millones de euros a la promoción turística mediante el Servicio Provincial de Turismo, unos 8,6 millones de euros para carreteras, 2,1 millones de euros en caminos vecinales y 15,8 millones de euros para otras infraestructuras.

Asimismo, del presupuesto total se extraen para los organismos autónomos 690.000 euros para el Instituto de Estudios Almerienses, 910.000 euros para la UNED y 290.000 euros para el Instituto Almeriense de Tutela.

Ante estas cuentas, el grupo provincial de IU ha presentado 18 enmiendas al anteproyecto encaminadas a dar "mayor protagonismo a los ayuntamientos" así como responder "a las necesidades de la ciudadanía, con la inclusión de propuestas más sociales y de creación de empleo".

Para ello, propone la puesta en marcha de un plan de fomento del arraigo de la población en los pueblos del interior, la creación de un fondo social del agua o la puesta en marcha de un banco de tierras para poner a disposición de la ciudadanía terreno válido para huertos sociales u otras actividades.

Asimismo, IU ha recogido una serie de propuestas para mejoras en carreteras de titularidad provincial así como cuestiones de "vital importancia para municipios como Enix, donde se ha pedido una red de saneamiento y el ensanche de la carretera".

Por su parte, la portavoz del grupo del PSOE, Esperanza Pérez, ha adelantado que su grupo votará en contra de los presupuestos para 2015, por considerar que las cuentas "son irreales y no servirán para crear empleo". La diputada provincial ha destacado que los presupuestos del próximo ejercicio "reducen las inversiones, al tiempo que se incrementa el reparto discrecional de dinero entre entidades sociales y ayuntamientos, sin criterios objetivos, más allá de la voluntad del propio presidente".

FUNCIONARIZACIÓN

Así, desde el PSOE se ha presentado una enmienda al Plan de Ordenación de los Recursos Humanos de la institución provincial con la que pretende que el equipo de gobierno incluya en el Plan de Funcionarización que se ha puesto en marcha a todos los trabajadores laborales fijos que cumplan los requisitos legales.

La propuesta del equipo de gobierno "deja fuera a 230" que han sido "excluidos del proceso de funcionarización de manera injusta y sectaria", según ha criticado Pérez, quien ha insistido en la necesidad de que "se les dé a todos los trabajadores la oportunidad de sumarse a ese proceso". "El proceso no puede hacerse atendiendo a las voluntades subjetivas del equipo de gobierno", ha apuntado.

Por su parte, para IU es "básico" que el proceso de funcionarización previsto en este presupuesto "se extienda a toda la plantilla de trabajadores de la institución provincial", incluidos los trabajadores laborales de colectivos "muy definidos como técnicos auxiliares de enfermería y peones de carreteras" que quedan "a expensas de una externalización, subrogación o despido".

"Desde IU hemos exigido la inclusión de todos los trabajadores, porque tal y como propone el PP se atenta contra los derechos de los trabajadores y por romper la solidaridad del colectivo. Pedimos que se incluya a todo el personal que así lo solicite y, si no, que se paralice hasta evaluar todas las solicitudes. Así además lo han pedido muchos trabajadores, ya que se han presentado numerosos escritos dirigidos al presidente pidiendo la paralización", ha apuntado.