Recuperada una vivienda social ocupada "ilegalmente" en Cáceres por un ciudadano sobre el que pesa orden de detención

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, en "estrecha colaboración" con efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, ha ejecutado una resolución judicial de desahucio de una vivienda de promoción pública que había sido ocupada "ilegalmente" por una familia en Cáceres.

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, en "estrecha colaboración" con efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, ha ejecutado una resolución judicial de desahucio de una vivienda de promoción pública que había sido ocupada "ilegalmente" por una familia en Cáceres.

El lanzamiento ha tenido lugar en el número 16 de la calle Juan García García de la capital cacereña, y sobre el cabeza de familia pesa una orden judicial de detención, explica en nota de prensa el Gobierno autonómico.

El auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Cáceres ordena el "inmediato desalojo" por un "delito de ocupación ilegal" al haber accedido la familia a la vivienda por la fórmula de la "patada en la puerta". El juzgado también ha pedido a la Policía que detenga al cabeza de familia, añade.

De igual modo, señala que el Servicio Territorial de Cáceres de la Consejería de Fomento ha recibido "múltiples quejas" del vecindario sobre la sobre la actitud asocial de los ocupantes "ilegales" del inmueble.

La Consejería de Fomento entiende que "no se pueden permitir ocupaciones ilegales y conductas asociales" en pisos del parque de viviendas públicas del Gobierno de Extremadura, "cuando hay familias de bien que están en lista de espera, aguardando pacientemente la adjudicación de una vivienda social".

Añade que actualmente está abierto en Cáceres un proceso para adjudicar 60 viviendas sociales a las familias con menos recursos de la ciudad, elegidas por "un proceso de baremación de las circunstancias socioeconómicas de cada una de ellas".

Según ha indicado, son pisos recuperados por el Gobierno de Extremadura en los últimos meses a través de la gestión de los trabajadores sociales o de procesos de desahucio "autorizados" por los jueces.

Finalmente, el Ejecutivo regional indica que antes de su entrega a nuevos adjudicatarios se realizará una inversión de 600.000 euros para la reforma de los inmuebles.

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