Los trabajadores de Rober (empresa concesionaria del servicio de transportes en la ciudad) presentaron a la Fiscalía, en octubre de 2006, una denuncia por la condiciones laborales que sufren. El fiscal, pese a concluir en su auto que «la importancia de los hechos y su repercusión social está fuera de toda duda», ha archivado la denuncia por considerar que el tema debería ser tratado por la jurisdicción social o administrativa y no por la vía penal. El fiscal admite en su escrito que la raíz del problema es que la empresa cobre según el número de kilómetros recorridos, lo que lleva a los conductores a «situaciones de estrés laboral y que influyen en la seguridad vial». La empresa está satisfecha por la decisión.