El ex sacerdote Jesús María Menéndez, conocido popularmente como padre Chus, volverá de nuevo a los juzgados al haber denunciado un segundo despido, que el Principado le comunicó en el pasado mes de agosto, han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso. El juicio se espera para enero, ya que no hubo avenencia en el acto de conciliación.

Cabe recordar que el padre Chus impartía clases de Religión en el Real Instituto Jovellanos de Gijón y en el IES Doña Jimena cuando fue despedido en junio de 2013, una vez que el Arzobispado de Oviedo le retiró la 'missio canónica', una autorización eclesiástica para que los curas puedan impartir docencia, y también le prohibieron oficiar misa.

Tras el juicio, celebrado el pasado 5 de mayo, el Juzgado número 1 de lo Social de Gijón declaró dos semanas después improcedente el despido y obligó a readmitirlo en su puesto o a indemnizarle. El Principado anunció entonces que lo readmitiría, al tiempo que recurría la sentencia.

No obstante, el pasado agosto volvió a despedirle, aunque esta vez justificó más los motivos en la carta de despido, ya que en el juicio se había hecho hincapié en que estos no estuvieron claros la primera vez. Con todo, aún se espera la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias respecto al recurso presentado por el Principado contra la sentencia del Juzgado de lo Social. Se da la circunstancia de que el próximo año, en mayor, el padre Chus podría ya acogerse a la jubilación.

En el primer juicio, el abogado del padre Chus, Viliulfo Díaz, había hecho hincapié en que no se conocían las causas objetivas del despido, lo que generaba una indefensión en su cliente. El Arzobispado se había negado a mostrar el expediente al aducir que estaba bajo secreto canónico. De hecho, aún está pendiente la respuesta del Vaticano sobre este asunto.

Por su parte, el abogado del Principado, Pablo Rodríguez Porrón, había alegado que el padre Chus no accedió a la docencia con base a criterios de méritos e igualdad sino por su condición de sacerdote, con base al acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979. Por este motivo, aseguró que les venían impuestos los nombramientos y ceses de los profesores de Religión por parte de la institución eclesiástica.