La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid juzga desde hoy a tres ex concejales del Partido Popular y a varios empresarios imputados por el 'Caso Funeraria'. El juicio llega 15 años después de la supuesta venta fraudulenta de la Empresa Mixta municipal, a los que el fiscal acusa de alterar precios, prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias y falsedad documental.

El escrito de conclusiones provisionales del representante del Ministerio Público, pide seis años de prisión para los tres concejales y 10 años de inhabilitación en cargo público, así como 19 años de cárcel y 22 de inhabilitación para José Ignacio Rodrigo, presidente de la empresa Funespaña y abogado. Asimismo, el fiscal pide que se reintegren al Ayuntamiento de Madrid las acciones vendidas.

En 2003 se retrasó

En total, la Fiscalía solicita para los nueve acusados en este caso 82 años de prisión y más de 18 millones de euros. La vista, en la que se juzgará si hubo delito en la privatización aprobada el 22 de diciembre de 1992 con la adjudicación del 49%  de las acciones de esta empresa a la compañía Funespaña por 100 pesetas (0,60 euros), se celebrará este año después de que en el 2003 se retrasara para evitar que su celebración interfiriera en cuestiones electorales.

El escrito del fiscal señala que los concejales con el Gobierno municipal de José María Alvarez del Manzano, Antonio Moreno Bravo, Simón Viñals Pérez y Luis María Huete Morillo, "concibieron la idea de poner cuanto antes la gestión de la funeraria en manos de una empresa privada que fuera de su particular agrado y confianza, (para lo cual) aceptaron cualquier perjuicio económico que pudiera derivarse de las arcas del Ayuntamiento". Huete es actualmente diputado popular en la Asamblea de Madrid.

Ventajas económicas

Así, la Fiscalía dictamina que uno de los acusados, el abogado José Ignacio Rodrigo, tuvo acceso directo a la información de la situación jurídica, económica y de posibilidades comerciales de la Funeraria municipal y "sobre todo acerca de la posición favorable de sus responsables políticos a la privatización". Rodrigo, según el texto, se formó el propósito de "obtener personalmente una importantísima ventaja económica" con el apoyo de los concejales acusados.

El texto del fiscal añade que el gerente de la Funeraria municipal en ese entonces, Francisco Yánez, "desatendió" los intereses de la empresa para que "se adoptaran soluciones tendentes a mejorar o a simplemente no empeorar de modo innecesario la situación financiera". "En particular Huete y Viñals (ex concejales acusados) omitieron deliberadamente cualquier tipo de actuación en este sentido", prosigue.

Iniciativa privada

Las conclusiones provisionales del Fiscal indican que los procesados aprovecharon el Pleno Municipal para que se aprobaran propuestas formuladas "por diferentes grupos de muy diversa naturaleza y sentido, manifiestamente incompatibles, algunas de las cuales implicaban inequívocamente el mantenimiento del cien por cien del capital social en manos del Ayuntamiento".

El acusado Moreno dictó un decreto, "eligiendo de manera caprichosa y parcial" una de las propuestas, ordenaba dar entrada en dicha empresa a la iniciativa privada en porcentaje máximo del 49% en concurso público".

Participación oculta

Mientras tanto, el texto explica que el abogado Rodrigo se puso en contacto con otro de los acusados, Valdivia Gerada, representante legal de Funespaña, "para asegurarse una importante participación lucrativa de la privatización". El fiscal señala que Funespaña en ese momento era una empresa "carente de medios personales y materiales, dedicada hasta entonces a coordinar telefónicamente los traslados de cadáveres de una localidad a otra".

El juez considera provisionalmente que en el entramado de Rodrigo y Valdivia, el primero aportaría los fondos necesarios, de los que carecía Funespaña, para hacerse con el control de la Empresa Mixta y el servicio funerario de Madrid. A cambio, Rodrigo "se aseguraba una importante participación en el capital social que debería permanecer oculta para no poner en tela de juicio la licitud de las operaciones".

1.000 millones por 100 pesetas

Uno de los abogados de la acusación, Mariano Benítez de Lugo, indicó que "la clave del juicio" se halla en el pliego "tan parco e insuficiente del Pleno que dejaba excesivo margen de obra en la adjudicación de la funeraria". El letrado, que resaltó que el 40% de la misma se vendiese por 100 pesetas cuando su valor real superaba los 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros), dijo que los acusados "querían adjudicar a toda costa la empresa a Funespaña" y para ello "maquinaron para que bajase su precio".

Benítez de Lugo recordó que la defensa solicitó la prescripción "y fue denegada", y recalcó la maquinación de los acusados "para alterar el precio de las cosas y la malversación en la forma en que se vendió un patrimonio importante".