El secretario general del Partido Andalucista (PA) y candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Jesús Ruiz, ha criticado este lunes la "permisividad" y "opacidad" que, a su juicio, mantiene el Gobierno con el 'fracking' y ha reclamado a la Administración autonómica una ley regional que prohíba este tipo de técnicas de fractura hidráulica en territorio andaluz.

En un comunicado, Ruiz ha mostrado su "preocupación por las operaciones de 'fracking' que se están llevando a cabo diferentes puntos de Andalucía" y para las que se "utilizan sustancia químicas de las que desconocemos su peligrosidad para el medio ambiente y para la salud de las personas", según ha reconocido el organismo europeo encargado de la supervisión de usos de químicos, que ha admitido que "no tiene protocolos para evaluar los riesgos de estas sustancias".

"No tenemos ni idea de los que estamos inyectando en nuestro subsuelo. La falta de regulación y la permisividad del Gobierno con este tipo de prácticas, está hipotecando el futuro de nuestro patrimonio natural y la salud de nuestros hijos", ha criticado el líder andalucista, para quien la situación es "alarmante".

Tras recordar que en Reino Unido sí se sabe que se está usando poliacridamida en las prospecciones —que es una sustancia "con efectos mutagénicos y cancerígenos"—, ha advertido de que en Andalucía "no sabemos que nos están metiendo", por lo que ha exigido a la Junta "una postura fuerte en la defensa de nuestro patrimonio medioambiental y nuestra salud pública y en contra de estas prácticas que, ante la opacidad institucional en su regulación, probablemente son un riesgo más importante de lo que somos capaces de valorar".

"Hace falta una ley andaluza que prohíba el 'fracking' en nuestro territorio", ha sentenciado Ruiz, quien también ha reprochado al Gobierno de la Nación que el pasado mes de mayo diera "luz verde a las prospecciones frente a las costas de Canarias", y desde ese momento, haya "frenado cualquier intento autonómico de regular las prospecciones en su territorio, llevando las leyes cántabra y navarra al Tribunal Constitucional".