Todos los grupos en la Junta General han coincidido este lunes en la necesidad de que la Ley de Buen Gobierno, al igual que la Ley de Transparencia, se mejore en el trámite parlamentario y salga adelante con el máximo consenso.

El portavoz del Grupo Socialista, Fernando Lastra, apuesta por un trabajo de todas las formaciones para "mejorar la redacción final de la ley" con el propósito de conseguir "la mejor ley posible" y que la norma sea "del conjunto de la Cámara y no sólo de un punto de vista".

Así, ha asegurado que el PSOE tiene una "disposición total al acuerdo con todos los grupos" y aceptará "cualquier tipo de discusión de forma abierta" y las "aportaciones positivas" para que todas las instituciones y la ciudadanía se sientan reconocidas en el texto legal.

Además, respecto al informe de técnica jurídica de los servicios de la Cámara, Lastra ha remarcado en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces que desde su formación "siempre" asumen y recogen las recomendaciones.

En este sentido, la portavoz de Foro Asturias, Cristina Coto, ha apuntado que los proyectos de Ley del Ejecutivo socialista de Javier Fernández, tanto de Buen Gobierno como de Transparencia, son "chapuzas legislativas", recordando que su partido ha presentado 60 enmiendas. "O se mejora en el trámite parlamentario o no tienen sentido ni viabilidad", ha señalado.

En la misma línea, tanto IU como UPyD han apostado por la incorporación de enmiendas para su mejora. Aurelio Martín (IU) entiende que se trata de "malas y escasas copias" de la norma estatal y, por lo tanto, "claramente insuficiente", por lo que su formación ha presentado 13 enmiendas a cada proyecto de ley. Además, ha apostado por aprovechar el trámite para ampliar el régimen de incompatibilidades a concejales y diputados.

Al respecto, Ignacio Prendes (UPyD) ha matizado que las incompatibilidades de los diputados deberían detallarse en una reforma de la ley electoral autonómica, a la que su partido estaría dispuesto. No obstante, ha pedido que no se mezclen los debates, remarcando que la Ley de Buen Gobierno afecta al Ejecutivo y a la administración autonómica y, por tanto, no al Legislativo.

Además, Prendes ha señalado que UPyD ha presentado un total de 87 enmiendas a las leyes de Buen Gobierno y de Transparencia, porque se trata de textos que "no mejoran la normativa básica", lamentando que el Gobierno del Principado se haya limitado "a cubrir el expediente" lejos de "una necesaria ley que vaya hasta el fondo". Por ello, confía en que el trámite parlamentario permita mejorar la norma.

Desde el PP, el diputado José Agustín Cuervas-Mons se ha centrado en dos asuntos que su partido ha llevado a Junta de Portavoces. Por un lado, los 'populares' han preguntado quién desarrolla las funciones de la exconsejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, tras su dimisión del pasado lunes; y, por otro, preguntaron al letrado sobre su informe de 2011 relativo a las incompatibilidades de los diputados autonómicos.

Cuervas-Mons ha señalado que "no es razonable" que no esté resuelta la sustitución de Esther Díaz una semana después del anuncio de su marcha del Ejecutivo. "No ha sido sustituida en su puesto y parece que continúa realizando funciones porque si el Gobierno indica al parlamento que estará ausente en el pleno es que sigue al frente de la Consejería", ha dicho.

Respecto a las incompatibilidades, el parlamentario del PP, en compañía de la diputada Emma Ramos, ha discrepado de los servicios jurídicos de la Cámara. "No compartimos la afirmación del informe; la legislación estatal es clara y aplicable", ha apuntado, indicando que el letrado se ha reafirmado en su informe, en el que aduce que la legislación autonómica no hace referencia a la estatal como complementaria en lo relativo a la contratación, por lo que los diputados sin dedicación exclusiva podrían compatibilizar su escaño con la actividad profesional.

"En la calle no se entiende que un diputado contrate con la administración. Hay que aclararlo", ha remarcado Cuervas-Mons; mientras que Cristina Coto (Foro) ha defendido el informe basado "en fundamentos del derecho" que, espera, "dé por zanjada esta polémica", sobre la situación de su compañero de partido José Antonio Martínez.

Por otra parte, la Junta de Portavoces ha acordado los asuntos del pleno ordinario de esta semana, en el que se hablará del Conservatorio, del sector pesquero, del Sespa, de la Formación Dual, de la plantilla de Bomberos, de la seguridad en edificios de la administración, de la contaminación de municipios como Gijón o de la política forestal, entre otras cuestiones.