El portavoz de Oleícola Jaén, Vicente Dalda, ha subrayado este lunes que un proceso de expropiación como el que ha anunciado el Ayuntamiento de Baeza contra la citada empresa es "largo, técnico y difícil", y en él "hay que valorar muy bien lo que se expropia y por qué se hace", si bien ha retado al alcalde, Leocadio Marín (PSOE), a que "lo intente".

"Para este viaje no hacían falta tantas alforjas", ha comentado Dalda en declaraciones a Europa Press en respuesta a la decisión del equipo de gobierno baezano de iniciar un expediente de expropiación a la compañía, ya que, según el portavoz de la empresa, si el alcalde "quería la expropiación desde el principio" y se hubiera decantado por ella "habría ahorrado mucho sufrimiento y quebraderos de cabeza a mucha gente".

También ha señalado que para completar la expropiación sería necesario que el Ayuntamiento pagara a la empresa por ello, punto en el que el portavoz de la compañía ha ironizado al señalar que "si el alcalde paga lo que vale la orujera será fantástico, porque será la única forma de hacer viable el traslado" de la empresa hacia otra ciudad.

No obstante, la dirección de Oleícola Jaén "va a seguir peleando donde proceda por sus derechos, en el ámbito de los tribunales y los medios de comunicación", según ha avanzado Dalda, que ha comparado el anuncio del expediente de expropiación con la "promesa electoral" expresada años atrás por el alcalde de "cerrar" la orujera.

También ha tachado de "contrasentido" que el alcalde "pretenda querellarse contra trabajadores de su pueblo por defender sus puestos de trabajo", cuando además Leocadio Marín es "un destacado miembro del PSOE".

En relación además a las acciones legales que Marín ha anunciado que va a emprender a título personal, no como alcalde, contra Dalda, por unas declaraciones tras las que ha querido aclarar que "nunca ha sido imputado, acusado o procesado, ni por corrupto ni por tráfico de influencias", el representante de la empresa ha señalado que él se limita a recordar que el regidor socialista "era el delegado del Gobierno en Andalucía cuando se produjo el primer caso de corrupción de la democracia española, el caso Juan Guerra".

"Basta ir a las hemerotecas para comprobarlo", ha incidido Dalda en alusión al "uso por parte de un hermano —Juan Guerra— de quien entonces era vicepresidente del Ejecutivo, Alfonso Guerra, de un despacho en la Delegación del Gobierno en Andalucía, en Sevilla, para tráfico de influencias", en una época en la que "Leocadio Marín era el delegado del Gobierno", y en la que dicho supuesto de tráfico de influencias "no era delito", según ha concluido el empresario, que ha avanzado que "se defenderá como hay que hacerlo" si el alcalde desarrolla esas acciones legales anunciadas contra él.