Ángel Carrasco
Ángel Carrasco en su despacho del bufete Gómez-Acebo & Pombo, en la madrileña plaza de Castilla. Jorge París

Ángel Carrasco es uno de los principales expertos en el derecho del consumo en España. A su entender, la crisis ha dejado obsoleta la normativa de defensa de los consumidores, pensada para tiempos de bonanza. Compagina labores docentes con el ejercicio de la actividad jurídica. En la actualidad ocupa la Cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde además es director del Centro de Estudios de Consumo, un prestigioso organismo considerado como el más influyente en materia del derecho relacionado con el consumo. Además, es consejero académico en la firma de abogados Gómez Acebo & Pombo, donde ejerce también como especialista en derecho de consumo mediante el asesoramiento y la defensa a numerosas empresas.

¿Está el consumidor español más o menos protegido que otros europeos? 
A nivel normativo está como mínimo igual que el europeo, incluso yo diría que un poco mejor en algunos sectores como en los hipotecarios, aunque parezca lo contrario.  

El consumidor español está protegido igual que el europeo.Esto a nivel normativo. Pero en la práctica, ¿cómo estamos? 
Otra cosa es cómo se implementan las leyes, en parte porque la función está dividida en dos sectores de difícil conciliación: la jurisdicción de los tribunales civiles, que son los que aplican las leyes, y las comunidades autónomas, que desarrollan las políticas de consumo. Pero debo decir que el grado de implementación, en general, no es deficiente, pues tenemos operadores públicos y privados en materia de consumo muy potentes y además hay una presión social importante en la aplicación de la normativa consumerista en sectores como, por ejemplo, el financiero. Otra cosa es que aun así no estemos contentos, ya que la normativa de consumo quizá no tiene mucho que ver con la realidad.

¿Esto qué significa?
Lo que necesita el consumidor no son normas, que sobran, sino comprar bienes y servicios, por lo que la mejor normativa es una renta por encima del nivel de subsistencia. La sensación de agonía de mucha gente no proviene de una norma de consumo defectuosa, sino de una normativa que está hecha para tiempos dorados en los que se podía consumir. Toda la especulación sobre las tarjetas de crédito, las preferentes, las hipotecas... son propias de tiempos mejores en los que había consumidores con ahorros que podían comprar casas y hacer inversiones. Ahora vivimos en una realidad distinta, de depresión, paro y sueldos bajos; una realidad que no se corresponde con los niveles de calidad estándar de la normativa del año 2000. Hoy ciertos operadores se han retirado del mercado después de sucesivos palos y el crédito se aleja del consumo. En su lugar florecen los ‘chiringuitos’, que están ajenos al mercado y al derecho. Ahora los bancos ya no prestan, prestan unos señores con el aval de tu coche a un interés usurero y una forma de ejecución digna de los tiempos de Dickens.

Ha hablado de chiringuitos en el campo financiero. ¿En qué otros sectores surgen?
Otro mercado de chiringuito son las ventas de coches usados. Están las calles llenas de carteles en los parabrisas de "se compra y se vende coche". Compran vehículos muy viejos y los venden en un mercado negro, oscuro, sin garantía, ni prestaciones, sin mantenimiento. Este nicho de mercado surge porque se ataca a las compraventas y a los concesionarios, a los que se les pide la Luna...

Compran vehículos muy viejos y los venden en un mercado negro sin garantía.  ¿Quién les pide la Luna?
Los que tienen competencia para exigir normativamente como el Estado, los jueces y las administraciones, pero también los operadores privados, que presionan. Mientras que en los tiempos buenos se podía comprar en las tiendas un coche de segunda mano que funcionaba el tiempo que debía funcionar en relación con su antigüedad y precio, hoy tenemos un vendedor que no ofrece garantía legal ni nada y lo vende a bajo precio. Por tanto, como jurista no veo un problema de normativa, veo un problema de proliferación de chiringuitos típico de una economía de subsistencia, donde lo único que cuenta es el precio.

¿Se podría señalar algún otro sector con chiringuitos?
Existe el mundo del consumo que ofrece bienes y servicios por encima de una economía de subsistencia. Pero en la economía de subsistencia, que está fuera del consumo, los chiringuitos impiden que la situación sea explosiva gracias a sus bajos precios. Estos precios y una deflación europea permiten seguir consumiendo en un tiempo malo, por lo menos a nivel de productos ordinarios. Es decir, hoy por hoy la importancia del mundo del consumo ya no es garantizar que una hipoteca tenga esto o lo otro; hoy lo que se debe garantizar son precios a nivel de subsistencia. Porque el nivel de exigibilidad ha caído tanto como consecuencia de que el mercado ha resultado ser muy caro o bien se ha retirado empujado por una presión, no siempre fundamentada, producida en los tiempos buenos. Por tanto, nos queda el chiringuito, que nos estruja, y una economía que compite con bajos precios y permite subsistir a mucha gente.

Usted diferencia entre chiringuito y economía barata…
La economía oficial barata son los supermercados en los que se compra barato.

"Una sociedad de servicios baratos"

En todo este proceso, ¿el consumidor está perdiendo?
Estamos perdiendo en la pretensión de un servicio de calidad porque no nos queda más remedio que conformarnos con servicios de muy bajo precio. Tenga en cuenta que como consecuencia del ‘apunto y disparo’ contra las entidades financieras, muchísima gente ya no tiene una tarjeta de crédito, y sin una tarjeta no hay préstamos personales. Por tanto, vivimos en una sociedad de servicios baratos que afecta a los niveles de protección.

¿Se debería poner freno a estos chiringuitos?
Es complicado. Se puede suprimir el chiringuito y entonces aflora un mercado razonable, prudente, que cubre el servicio que daba el chiringuito siempre que se eliminen ciertos vicios normativos que impiden el funcionamiento real de una organización estable. Pero otras veces no se puede quitar el chiringuito porque el mercado oficial alternativo se ha puesto muy caro o inaccesible por múltiples motivos. Entre ellos, una inflación de la normativa de consumidores en los tiempos de bonanza. Además, acabar con el chiringuito es acabar con el dinero negro y ¿cuánto dinero negro hay en nuestra economía?, ¿un 30%? No se puede acabar con el dinero negro porque es muy alto el coste de mantener una sociedad de funcionamiento cristalino sometido a normas. Yo tengo un punto de vista pesimista, mientras que otros son optimistas porque creen que todo se arregla con el BOE. Creo que la normativa de tiempos de bonanza ha contribuido a matar la gallina de los huevos de oro, pero si la sociedad del bienestar decae, el consumo, que es un subproducto del lujo, decae. No olvidemos que en países donde hay ébola no existe el derecho de consumo.

Es muy alto el coste de mantener una sociedad de funcionamiento cristalino.¿Sería necesario, pues, ajustar la normativa o ser más laxos en su aplicación?
No más laxos, sino más sensatos. Y en parte la recuperación de sensatez se hace con el BOE. En el mundo de consumo, primero debemos luchar por el estado del bienestar, que va más allá de la norma; segundo, no demonizar a los agentes económicos que pueden sacar adelante una economía articulada; y tercero, educar a los operadores normativos a producir leyes sensatas cuyos costes de ejecución no sean brutales.

¿Hay diferencias entre las comunidades autónomas?
En la legislación no hay muchas diferencias, pero la práctica no es igual. En algunas no hay dinero para mantener la maquinaria de ejecución y son menos activas que otras. Por ejemplo, en todos lados hay compraventa de oro o mercado negro de venta de vehículos, pero no en toda España se actúa de la misma manera. Las más activas son Cataluña, Andalucía y el País Vasco. Pero por qué actúan es otro tema. Yo no creo que sea por un grado de concienciación pública. Cuando veo sanciones a negocios financieros a los que acusan de usureros, metiéndose por cierto en una competencia que no es suya, creo que hay mucho de posicionamiento mediático. Parece que se hacen cosas en temas de consumo y, además, se da trabajo a muchos funcionarios a costa de meter el dedo en el ojo innecesariamente a operadores que no están haciendo nada malo. Y en otras comunidades, por un prurito ideológico, y no me resisto a citar el caso de Andalucía. Si tuviese competencias para resolver el problema de las hipotecas en lugar de tenerlo el señor De Guindos, no sé en qué país viviríamos.

Pero el consumidor andaluz estará más protegido.
No. Como ejemplo, la Sareb [sociedad pública que gestiona viviendas cedidas por bancos morosos] recibe una multa en Sevilla por tener pisos deshabitados. Hablo de la Sareb porque es una sociedad pública que no tiene ánimo de lucro y se nutre de fondos públicos. Pero le meten un rejón de 120.000 euros. Creo que hay una política recaudatoria en las competencias de consumo.

¿Como las multas de tráfico?
Como las multas de tráfico; sin más, porque ese dinero no va al consumidor. Además, no tiene costes sociales, porque parece que si ponen una multa se está defendiendo al ciudadano. Debajo de la almohada se ve la patita del lobo, porque lo que buscan es recaudar los 120.000 euros.

Hay una política recaudatoria en las competencias de consumo.Con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), ¿el consumidor está  más protegido? 
Son instituciones saludables que deberían subsistir, pero  otra ley las ha suprimido. Me parece un error porque desarrollan labores de formación, intermedian entre empresarios y consumidores evitando los tribunales, que son caros y no tienen funciones sancionadoras. Aunque el alcalde sí las tiene. Además tienen una buena imagen. Soy un devoto de las OMIC porque vinculo el consumo al estado de bienestar.

Quizá sobrevivan cobrando por estos servicios.
Creo que España debería hacer un esfuerzo. No vale mantener la unidad de consumo que pone 120.000 euros de multa, pero creo que hay que luchar por las OMIC.

¿Esa hiperinflación de normativa comunitaria podría derivar en una situación similar a la de EE UU en materia de consumo?
El modelo americano es perverso no por las multas de los jueces, sino por los jurados que las establecen. Por otro lado, el problema allí es el exceso de normas generadas por agencias reguladoras. No creo que en Europa se llegue a ese sistema americano de falsa justicia, aunque sí tendemos hacia la complejidad normativa americana. Elaborar leyes de consumo es muy barato para los Estados.