El presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria para el año 2015 consigna una partida de más de 17 millones de euros en concepto de transferencia a la empresa pública MARE para cancelar el préstamo de la planta de secado de fangos de Reocín, cuyo cierre supondrá "un ahorro muy importante de más de 4,5 millones de euros al año".

Así lo ha destacado el consejero del ramo, Javier Fernández, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento, para presentar el presupuesto de este área para 2015, que asciende a 108,7 millones de euros y crece un 4,5% respecto al del presente ejercicio.

El consejero ha afirmado que MARE va a alcanzar en 2015 "hitos muy importantes" como recuperar a todos los trabajadores que en 2012 pasaron a ser fijos discontinuos, de los que 40 ya han vuelto a ser fijos y los otros 10 lo serán de nuevo "a principio de año".

Asimismo, ha destacado que la empresa pública recibirá nuevos ingresos al margen del presupuesto, por importe de tres millones de euros anuales, procedentes de la restauración de áreas degradadas, la venta de papel-cartón, residuos de construcción y aparatos eléctricos, la venta de energía eléctrica producida en la planta de biogás en Meruelo, y los acuerdos con los ayuntamientos para "recuperar" parte de la "deuda histórica" en materia de recogida de basuras.

Ahorro de 12 MILLONES

El consejero ha subrayado que en 2015, MARE va a conseguir un ahorro de 12 millones de euros respecto a 2011, y eso que ahora gestiona 20 depuradoras más. "Eso sí que es hacer más con menos", ha replicado Fernández a los grupos de la oposición, en particular al portavoz del PRC, José Miguel Fernández Viadero, para quien el "más con menos" del PP es "más parados y menos inversión".

También el portavoz del PSOE, Miguel Angel Palacio, ha denunciado el descenso de las inversiones en esta consejería, que ha cifrado en más de un 50% -de 60 a 28 millones-, y cuando se ha referido a los 17 millones para cancelar la deuda de la planta de fangos, ha hablado de "desfase y quebranto" en MARE.

Por su parte, el portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha defendido que es la solución al "muerto" que dejó el anterior Gobierno en relación a este proyecto que, según relató el consejero, "nació como un proyecto privado" pero el anterior Gobierno "cometió el error de comprar las acciones y cargar millones de euros sobre los cántabros" con un "negocio ruinoso".

Sobre las inversiones, ha reconocido que le hubiera gustado tener más dinero que invertir, pero ha subrayado que "nunca se hubiera gastado en MARE 12 millones de euros en publicidad y propaganda en una legislatura, y siete millones en un año" como hizo, según ha denunciado, el anterior Gobierno.

La oposición también ha reprochado al consejero el "incumplimiento" de la mayoría de los compromisos electorales del PP, entre los que han citado la promesa de bajar el canon de saneamiento o la de aprobar un plan regional de ordenación del territorio.

DERRIBOS

También consideran incumplidos en su mayoría los objetivos que el consejero se marcó al principio de la legislatura, entre ellos los "escritos" en el Plan de Derribos. Sin embargo, según Fernández, esos objetivos están ya cumplidos en un porcentaje "altísimo" -en un "80 o 90%"-, y se culminarán en 2015.

El consejero ha destacado que especialmente en el tema de los derribos, el Gobierno ha logrado "una cascada de soluciones" frente a la "inacción" del bipartito PRC-PSOE durante sus dos mandatos, en los que "asistió impasible a hechos como el desalojo de familiar por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Fernández ha afirmado que las familias afectadas tienen "derecho a protestar" porque llevan sufriendo este problema muchos años, pero ha reiterado que la situación actual no es comparable con la que encontró al principio de la legislatura, y ha insistido en que en 2015 el problema quedará "muy encauzado".

Según sus previsiones, para principios de año los ayuntamientos habrán aprobado las autorizaciones provisionales de 449 viviendas afectadas por sentencias de derribo -las que se consideran legalizables-.

Sin aludir en ningún momento a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en torno a esta figura de las autorizaciones provisionales, el consejero ha explicado que se han concedido ya "cerca de un centenar" y se espera que el Ayuntamiento de Miengo apruebe entre "120 y 140 más" la próxima semana.

El consejero ha incidido en el carácter provisional de esta figura para evitar los derribos de viviendas que se consideran legalizables en tanto se tramitan y aprueban los nuevos planes generales de ordenación urbana (PGOU) y se aprueban las nuevas licencias para esas viviendas. No obstante, ha puntualizado que "cuando las licencias se impugnen seguirán en situación de provisionalidad hasta que esos juicios acaben".

Según ha dicho, para el año 2015 se mantiene la partida de un millón de euros para el fondo de derribos, cantidad "ampliable" si fuera necesario, que se destinará al derribo de las viviendas del Alto del Cuco, en Piélagos, y a atender las solicitudes de indemnización económica de los afectados que no acepten la oferta del Gobierno de sustitución de vivienda por vivienda.

Planes generales

En cuanto a los PGOUs, la Consejería mantiene el objetivo de aprobar 20 planeamientos municipales en la legislatura. Diez se han aprobado ya, y "entre dos y cuatro más" podrían recibir el visto bueno definitivo en lo que queda de año -Corrales de Buelna, Laredo, Molledo y Liérganes-.

Según Fernández, hay muchas posibilidades de que antes de finalizar la legislatura se aprueben alrededor de 12 planes, en concreto los de Alfoz de Lloredo, Bareyo, Camaleño, Escalante, Herrerías, Miengo, Polanco, Ribamontán al Mar, San Felices de Buelan, Santa Cruz de Bezana y San Vicente de la Barquera.