El expresidente de Cepyme Jesus Bárcenas ha negado este miércoles ante el juez que investiga los presuntos cobros irregulares a la organización por parte de su sucesor, Jesús Terciado, a través de empresas de su propiedad, que él haya facturado honorario alguno de las suyas.

Bárcenas ha comparecido como imputado ante el titular del Juzgado de instrucción número 33 de Madrid junto al secretario general, José Alberto González-Ruiz, y el gerente de la confederación, José Manuel Vilar Martínez, por los más de 300.000 euros que Terciado facturó a Cepyme como consultor a través de las empresas Ingasert y Tecrucyl.

El primero en declarar ha sido Bárcenas quien, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, ha negado que él cargara a Cepyme ningún honorario de sus sociedades.

De esta forma, ha contradicho lo manifestado en su día por el propio Terciado, que el pasado verano afirmó al juez que esta práctica estaba vigente en la confederación "durante los mandatos anteriores".

Bárcenas ha defendido además que la única retribución que recibió por parte de Cepyme fue por su trabajo como presidente, por lo que recibía alrededor de 5.000 euros mensuales, a los que se aplicaba un 35% de la retención marcada en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Así, ha concretado que su retribución está contemplada en el artículo 17 de la citada ley, que fija como rendimientos de trabajo "las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos".

No obstante, ha precisado que había otros gastos de representación que asumía Cepyme por su condición de presidente, como el alquiler de un coche para sus desplazamientos.

Por su parte, el secretario general de Cepyme ha señalado a su salida de los juzgados que él comenzó a ostentar este cargo en diciembre de 2012, mientras que los hechos investigados son anteriores, por lo que ha atribuido su imputación a un "probable error" de los denunciantes.

Ha explicado que cuando se incorporó ya existía un contrato de alta dirección para Terciado, y ha mostrado su convencimiento de que "todo se ha hecho correctamente".

En este sentido, José Alberto González-Ruiz ha subrayado que "esas remuneraciones han sido comunicadas a la asamblea y órganos de gobierno" de Cepyme y ha recordado que la confederación se encuentra inmersa en un proceso de control interno y auditorías externas que garantizan su "política de transparencia".

"Sus cuentas reflejan su imagen fiel", ha concluido.

La investigación parte de la denuncia de tres miembros de la Confederación de Empresarios de Salamanca (Confaes): el secretario general, Bernabé Gascón; el tesorero, Benjamín Castro y el asesor jurídico, Ricardo Andrés.

La Fiscalía pidió seguir adelante con la investigación al entender que había elementos probatorios que apuntan a que los hechos investigados pudieran ser constitutivos de delito de falsedad y estafa o apropiación indebida.

Tras ello, Terciado dimitió el pasado 5 de noviembre como presidente de Cepyme y, cinco días más tarde, abandonó también la patronal abulense.