El alcalde de Chipiona (Cádiz), Antonio Peña (PP), ha defendido la legalidad de media docena de contrataciones "puntuales" realizadas a través de la empresa municipal Caepionis en el verano de 2013 y que, según el PSOE, habrían propiciado que la Fiscalía Anticorrupción presentara en el juzgado una denuncia interesando su imputación y la del vicepresidente de dicha empresa municipal, el edil Rafael Naval, por presunta prevaricación administrativa.

En rueda de prensa, el alcalde chipionero ha expresado su "respeto" a la actuación de la justicia, si bien se "sorprende" de que el PSOE haya facilitado el nombre del fiscal y el número de la causa cuando a los interesados no se les ha comunicado "en absoluto" por parte del juzgado o de la Fiscalía "que hayan abierto diligencias como imputados en ningún caso".

Por ello, pregunta los motivos de esta "filtración" que ha provocado que la noticia salte a los medios nacionales creando una situación de "indefensión" que le está causando "un daño moral" y también a la imagen del municipio "irreparable". Así, confía en que la justicia actúe en este sentido como proceda para depurar responsabilidades.

En cualquier caso, teniendo en cuenta la dimensión mediática que ha adquirido el asunto, el regidor 'popular' ha realizado una serie de aclaraciones sobre los hechos que se cuestionan, aseverando que "en ningún caso" se han realizado contrataciones por la Alcaldía de manera irregular a través de Caepionis, como afirma el PSOE.

Explica el alcalde que cuando el PP accedió a la Alcaldía en 2011 Caepionis era una empresa para la construcción de vivienda social que "no ha construido nunca nada", puesto que lleva "siete u ocho años para 22 viviendas". Por ello, el Pleno municipal aprobó "por unanimidad" una modificación de los estatutos sociales de Caepionis para convertirla en una empresa de servicios.

Así, por decisión del Pleno, se ampliaron las facultades que tenían el consejero delegado y el presidente de Caepionis para darles la posibilidad, "en casos puntuales por motivos de emergencia o necesidad", de contratar a personas al margen de la bolsa de trabajo por un tiempo máximo de un mes y medio, sin necesidad de pasar por la bolsa de trabajo ni el consejo de administración.

Asegura que en el presente mandato se han realizado a través de esta empresa municipal "más de 900 contrataciones" y cifra en "seis o siete" las que han sido puestas en tela de juicio, si bien insiste en su legalidad.

Explica que los responsables de la empresa municipal no hicieron en ningún momento uso de esas facultades y realizaron todas las contrataciones a través de bolsa, pasando una serie de "filtros" como el Pleno, la Junta General de Caepionis, el Consejo de Administración y la Mesa de Contratación.

Sin embargo, tuvieron que recurrir a esas facultades en verano de 2013, cuando la acumulación de basura en las calles en este municipio turístico obligó a reforzar el servicio de recogida en algunos momentos y lugares de la ciudad.

Acumulación de basura

Así, se solicitó a la UTE de recogida de basura un trabajo externo para ampliar la recogida, comunicándose al Ayuntamiento que había que hacer una modificación del contrato, algo que requiere de "un mínimo de tres o cuatro meses" y que, por tanto, no podía resolver la situación "en pleno mes de agosto".

Por tanto, se solicitó la colaboración de la UTE para que dejara sus camiones y que la basura fuera recogida en determinados momentos del fin de semana por el personal de la empresa municipal. Debido a que en la bolsa de trabajo de Caepionis "no había conductores de camión, que requieren de un carné de primera especial", hubo que contratar a cuatro camioneros para los fines de semana, concretamente para dos días a la semana durante un mes, lo que supone ocho días de trabajo.

Asimismo, alude a otro caso en el que hubo que contratar para un trabajo de herrería a un profesional —tampoco existía este perfil en la bolsa de trabajo— por un tiempo de "unos 20 días o un mes".

De esta manera, Peña resalta que se trata de "una serie de contrataciones puntuales por un tiempo limitado", por "razones lógicas de emergencia" para dar respuesta a los ciudadanos y amparadas en las facultades que tenían el consejero delegado y el presidente de la empresa municipal. Enfatiza el alcalde que "en ningún caso han supuesto la creación de una plaza fija en el Ayuntamiento" ni ninguna contraprestación especial.

A preguntas de los periodistas, el alcalde ha aclarado que, una vez que el PSOE presentó la denuncia, personal del Ayuntamiento y la empresa municipal declaró en agosto ante la Guardia Civil en lo que considera que es el normal funcionamiento de la justicia. Entiende que la Benemérita habrá remitido el expediente a la Fiscalía y ésta al juzgado para que decida, pero en caso de haberse decidido su imputación "tendríamos que haber sido los primeros en enterarnos", insiste.

"no soy un chorizo"

Reitera Peña que se está poniendo "en tela de juicio" a una empresa que funciona "francamente bien" y también la imagen del pueblo y la actuación del equipo de gobierno. "Parece que todos somos chorizos, y yo no lo soy. No me he llevado nada para mi casa ni he hecho nada ilegal", sostiene.

Asegura que si resulta imputado tiene "claro" que no se presentará a las elecciones municipales, ya que no haría "pasar la vergüenza a este pueblo de tener un alcalde con problemas con la justicia".

A su juicio, todo esto responde a una "maniobra del PSOE para desviar la atención" de los ciudadanos de cara a los casos que tiene pendientes con la justicia y que "empiezan a salir". Considera que los socialistas pretenden que se piense que "todos somos iguales, pero no es así".

En este sentido, indica que el PSOE tiene abierta una causa en el juzgado por el uso de los fondos del Plan Reindus entre los años 2008 y 2010, también se está investigando una denuncia por la construcción de un punto limpio "en una zona rústica sin ningún tipo de licencia", así como la supuesta celebración de una fiesta que" nunca se llevó a cabo y que, pese a ello, se justificó y se cobró la subvención".

Finalmente, indica el alcalde que se está preparando una denuncia contra el anterior gobierno socialista de la localidad "por la ocupación de unos terrenos que se entregaron a una asociación que, a su vez, estaba obligada a entregarla a una empresa de Sevilla para aparcamientos en superficie".