El empresario José Antonio López Esteras, propietario de Grupo Jale, ha presentado ante los juzgados de Marbella (Málaga) denuncias penales contra la juez Nuria Orellana por presunto delito de prevaricación, por considerar que ha existido "un cierre deliberado" del hotel Incosol Medical SPA, "en contra del plan de viabilidad" diseñado para dicho establecimiento.

Según la denuncia penal, interpuesta por López Esteras ante el juzgado de instrucción de Marbella de guardia, y consultada por Europa Press, la denuncia penal se dirige a la juez encargada de nombrar a los administradores concursales de dicho establecimiento, en concurso de acreedores, a los que este empresario denuncia por "aplicar la Ley Concursal en contra de lo establecido; por prevaricación por el cierre deliberado en contra del plan de viabilidad de Incosol Hotel Medical SPA; prevaricación por consentir que los administradores concursales que fueron nombrados no cumpliesen con la Ley Concursal".

Considera que los delitos que López Esteras denuncia "se han cometido contra la viabilidad de Incosol Hotel Medical SPA de Marbella (Málaga)" y recuerda que la juez denunciada, ahora en la Audiencia Provincial de Málaga, "era juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz" cuando se presentó el concurso voluntario de acreedores para el establecimiento.

En su denuncia, López Esteras recuerda que "los dos fundamentos esenciales de la Ley Concursal son la satisfacción de los acreedores, finalidad esencial del concurso; y la conservación de la actividad empresarial o profesional del concursado", algo que, a su juicio, "no ha cumplido la juez".

Ha recordado que en septiembre de 2010 se presentó el plan d viabilidad para Incosol "pero un mes más tarde de esa presentación la juez innecesariamente ordenó la intervención judicial de la gestión de Incosol".

Lamenta que "ni la juez ni los administradores judiciales nombrados por ella no pusieron en marcha durante 18 meses el plan de viabilidad, y ordenó el 31 de marzo de 2012, al día siguiente de aprobar ese plan de viabilidad, el cierre del establecimiento, después de 38 años siendo un referente mundial del turismo de salud, en contra de lo establecido por la Ley Concursal y del sentido común".

Ha lamentado que los administradores judiciales "no solo lo cerraron sino que despidieron a los 170 empleados y lo dejaron en un total abandono, para posteriormente poder enajenarlo a un irrisorio valor".

"Los acreedores nos encontramos con que no sabemos donde están los activos valorados en 700 millones de euros y nos quedamos sin cobrar", se ha lamentado López Esteras, quien lamentó que "nunca la juez nos comunicó errores ni defectos en el plan de viabilidad que nunca aplicó hasta marzo de 2012 por lo que dejó durante 18 meses de silencio sin aplicarlo con la urgente necesidad de viabilidad que existía en Incosol, y con él se habría mantenido la continuidad de la empresa y de sus trabajadores".

Ha agregado que la juez "ha permitido que el único objetivo de los administradores concursales ha sido desde el primer día no conservar la actividad de Incosol ordenando paralizar la actividad del hotel mediante el cierre de sus instalaciones; y ha permitido la creación del ERE fraudulento para que el pago de los salarios de los trabajadores pasarán a cargo del Estado y de esa manera paralizar las unidades productivas".

Ha recordado que en Ley Concursal "la liquidación es la solución subsidiaria", pero lamenta que la juez en este caso "la transformación en solución prioritaria, dejando sin satisfacer a los acreedores nuestros créditos".