Los portavoces de IU y PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Francisco Tejada e Inmaculada Durán, han pedido este jueves la dimisión del concejal de Hacienda, Gestión y Administración Pública, José María Bellido, tras conocer que el Consistorio debería indemnizar a un agente de la Policía Local a quien no se le notificó que había sido apartado del servicio después de ser condenado por tráfico de drogas.

En este sentido, el concejal de IU ha manifestado en una primera rueda de prensa que "alguien debería salir a dar explicaciones, el alcalde debería decir qué es lo que ha ocurrido", a lo que añade que "¿por qué la Junta de Gobierno Local oculta esto?, cuando se ha pedido distinta información por parte del letrado que asiste al policía".

Igualmente, el portavoz municipal de IU ha reclamado que se diga "qué medidas se van a adoptar desde el punto de vista administrativo", así como "en el orden político".

Por su parte, la concejal del PSOE ha subrayado en una rueda de prensa posterior que "errores de estas características, que salen del bolsillo de los cordobeses, deben ser asumidos con la responsabilidad que la ciudadanía pide", que, a su juicio, "es dejar el cargo que se ocupa".

Al respecto, según ha adelantado el diario digital 'Cordópolis', el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba ha dictado una sentencia, recurrida por el Ayuntamiento, que ha dado la razón a un agente de Policía Local que en el mes de julio de 2009 fue detenido, junto con otras ocho personas, como miembro de una red de narcotráfico a la que se le intervino 2,3 kilos de cocaína en la capital cordobesa y Puente Genil.

El agente fue juzgado y aceptó una condena de tres años y seis meses de cárcel, que se convirtió en firme en abril de 2012. Si bien, en agosto de 2009, una junta de gobierno local extraordinaria acordó iniciar el expediente disciplinario por falta "muy grave" contra el policía y la suspensión de empleo y sueldo, al tiempo que se acordó que esta medida quede en suspenso mientras se instruye la causa penal que concluye con la sentencia firme en abril de 2012.

De este modo, unas vez concretada la condena, en mayo de 2012, se reactiva el expediente disciplinario en el que se ratificaba que se le apartaba del servicio por la gravedad de los hechos, aunque la resolución no se le notifica al interesado y, pasados los seis meses que marca la ley, el agente pone el caso en los tribunales que, con fecha 2 de septiembre, le dan la razón y decretan la caducidad del expediente al no habérsele comunicado el dictamen al principal interesado.

Así, la sentencia obliga a pagar salarios que podrían ascender a unos 180.000 euros, al tiempo que también obliga a readmitir al agente en la plantilla.