La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a una mujer a 16 años de prisión por prostituir a dos menores de edad, una de ellas su propia hija, hechos por los que también ha impuesto a tres hijos mayores de la acusada a penas que oscilan entre 15 y 16 años y medio de cárcel.

Los magistrados consideran a los cuatro procesados culpables de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual relativo a persona menor de edad, pertenencia a organización y prostitución coactiva de una menor y retiran la patria potestad de la condenada -Rodica R.- hacia su hija, informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La sentencia absuelve a Dafina Florina T., pareja sentimental de Dionise Florín R., uno de los condenados, de toda responsabilidad penal derivada de los hechos enjuiciados.

La resolución establece que a principios de 2012 Rodica R. acordó con sus hijos Ionut, Robert y Dionise el traslado de su hija menor, que entonces tenía 15 años, desde su país, Rumanía, a España para dedicarla al ejercicio de la prostitución bajo la estrecha vigilancia de sus hermanos y en beneficio de todos ellos.

Añade que en ejecución del plan la menor fue enviada a España, donde ya estaban instalados sus tres hermanos, que aprovecharon la situación de superioridad que ostentaban sobre la joven y la circunstancia de encontrarse en un país totalmente desconocido para ella y sin otros vínculos familiares y sociales.

Relata que los procesados ejercieron así el control y una minuciosa vigilancia de la actividad de prostitución que realizaba la joven en el polígono industrial Marconi, situado en la zona sur de Madrid.

La sentencia declara probado que el clan familiar trató de igual modo a otra menor, que entonces tenía 17 años, aprovechando en su caso que mantenía una relación sentimental con Ionut R., que la obligaba a acudir al citado polígono aunque ella no quisiera, amenazándola en todo momento y que la agredía si consideraba que no había obtenido suficiente dinero.

Agrega que los cuatro condenados mantenían una vigilancia y un control absoluto de los movimientos de las menores y determinaban el lugar, el horario, el precio y demás circunstancias de sus servicios, quedándose con todo el dinero que obtenían.

La resolución concreta que Rodica R. se encargaba personalmente de concertar citas entre las menores y personas de avanzada edad a cambio de dinero.

Además de las penas de cárcel la Audiencia condena a los cuatro acusados a indemnizar a la menor de la familia en 45.000 euros y a la otra víctima en 20.000 por los daños morales y psicológicos causados.