Uno de los principales acusados del conocido como caso Iniosa, el empresario Enrique F. I., se ha desmarcado este lunes de las actuaciones realizadas por la citada compañía que da nombre a este proceso judicial que ha comenzado a juzgarse en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén. Se investiga una supuesta estafa cometida a comienzos de la pasada década con más de 200 agricultores que no habrían cobrado los millones de kilos de aceituna entregados a la empresa que da nombre al caso antes de que ésta cerrara inesperadamente, y con quienes el encartado ha negado haber contraído deudas.

En su declaración en la sesión inicial del juicio, que ha comenzado alrededor de las 13,00 horas dado que las tres primeras horas se han dedicado a aclarar cuestiones previas planteadas por las distintas partes, el referido acusado ha argumentado que después de que entre los años 1999 y 2000 firmase un acuerdo con L.G.B. para la venta de activos suyos que permitió la constitución de Iniosa, no tuvo "nada que ver" con dicha sociedad. "Absolutamente ninguna relación", ha incidido en el transcurso del juicio, que se ha suspendido a las 15,00 horas y se reanudará este martes a las 9,30 horas.

Según ha explicado en su declaración, este empresario poseía y administraba un complejo aceitero cuando en 1999 llegó a un primer acuerdo con el imputado L.G.B., al que conocía "desde hace muchos años" en tanto que proveedor suyo, para "pasar activos" de su entramado empresarial para la constitución de Iniosa. Se trataba de sociedades con un patrimonio valorado en unos 2.000 millones de pesetas, según ha apuntado la representante de la Fiscalía, que también ha recalcado que en el momento de ese traspaso dichas industrias se encontraban "a pleno rendimiento".

Enrique F.I. ha argumentado que realizó esa operación por los "problemas financieros" por los que atravesaba en ese momento, y con ello trataba de "mantener esas empresas y a los 300 trabajadores" empleados en ellas, según ha añadido antes de insistir en que a partir del año 2000 en el que se firmó un segundo contrato con L.G.B., que por entonces reunía una "solvencia extraordinaria", él "se desvinculó" de Iniosa como responsable de sus decisiones, si bien a la postre se convirtió en su "principal acreedor".

En esa línea, ha defendido su "credibilidad empresarial", que hasta el origen del caso que se enjuicia ahora considera que fue "intachable", porque nunca fue objeto de "ninguna reclamación" pese a haber tratado con "más de 10.000 agricultores" en su trayectoria empresarial. "En 30 años no he dejado a deber a ningún agricultor", ha llegado a afirmar en algún momento.

La sociedad promovida entre Enrique F.I. y L.G.B. se rompió a raíz de que éste quisiese realizar "una inversión fuerte" que el primero no compartía, según ha indicado el citado en su declaración, en la que ha señalado además que en concepto de "dación en pago" por "deudas" que quien había sido su proveedor acumulaba con él recibió en 2001 una orujera que se encontraba "inactiva" y que aparejaba, en total "más de 700 millones de pesetas de deudas", entre otros motivos a través de una hipoteca cuya existencia había desconocido hasta entonces el acusado.

A lo largo de su declaración, Enrique F.I. ha insistido en señalar que desde los años 1999 y 2000 quedó "desvinculado" de Iniosa y "no tenía nada que ver" con las decisiones que adoptara dicha empresa, al hilo de lo cual ha negado que mediara para que los agricultores afectados por la supuesta estafa le vendiesen sus kilos de aceituna a la mencionada compañía.

Así las cosas, se ha definido como "un acreedor más" y el "principal afectado" de la situación de suspensión de pagos que finalmente presentó Iniosa, en la que "nunca tuvo responsabilidad en absoluto". Pese a ello, la Fiscalía le atribuye supuestos delitos de alzamiento de bienes, estafa, delito societario y contra la Hacienda Pública, según ha recordado durante su turno de interrogatorio el abogado de su defensa.

Tres horas de cuestiones previas

La declaración de Enrique F.I., que se ha prolongado por espacio de dos horas, ha comenzado a las tres horas de haber dado comienzo la vista porque al principio de la misma diversas defensas de los 18 imputados que se sientan en el banquillo de los acusados han planteado cuestiones previas, en algunos casos dirigidas a solicitar una suspensión de la celebración del juicio, que el magistrado José Cáliz, que preside la sala, ha rechazado.

Para fundamentar esas solicitudes, los abogados en cuestión se han remitido a un escrito de aclaración realizado por la Abogacía del Estado, personada como acusación en esta causa, que, según han incidido, se ha presentado con posterioridad a la elaboración de sus escritos de defensa e introduce "alteraciones sustanciales" en la calificación de los hechos, al imputar a procesados delitos de los que hasta ese momento no se les acusaba.

Por ese motivo, que ha negado el representante de la Abogacía del Estado, las defensas de algunos de los encartados han solicitado a la sala que no se admitiera dicho recurso o bien que se les diera un plazo de tiempo para adaptar sus posiciones al mismo y presentar pruebas, aludiendo a una posible "indefensión" de sus clientes y a una presunta "vulneración de sus derechos" de defensa en el caso contrario. Al no ser tenidas en cuenta estas solicitudes por parte de la sala, han formulado protestas.

A la entrada de la sede de la Audiencia Provincial se han concentrado tanto al comienzo del juicio como al final representantes de los agricultores afectados en esta causa con pancartas en las que tachaban de "estafadores" y "ladrones" a los acusados, a quienes a la finalización de la primera sesión han proferido gritos de "chorizos" en el interior mismo del Palacio de Justicia.