La Abogacía de la Generalitat ha elaborado un informe en el que considera que no existen "argumentos jurídicos" que puedan hacer prosperar un recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obliga al Consell a entregar a Compromís las facturas de gastos pagados con la caja fija del Ejecutivo autonómico desde 2006 hasta la actualidad.

Así lo ha indicado en las Corts la secretaria autonómica de Presidencia y coordinadora de la Abogacía de la Generalitat, Cristina Macías, quien ve "complicado" que pueda prosperar un recurso contra la sentencia del tribunal valenciano. Por su parte, el grupo socialista ha presentado una iniciativa en las Corts para tener acceso a este informe.

Macías ha comparecido este lunes en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de las Corts, a petición propia y del grupo Compromís, para informar sobre los criterios seguidos por la Generalitat para interponer recurso de casación frente a las sentencias dictadas por el TSJCV que estiman la vulneración del artículo 23 de la Constitución Española, es decir, la vulneración de los derechos de los diputados.

La encargada de coordinar la Abogacía de la Generalitat ha asegurado que están a la espera de la "contestación formal" por parte del Consell para decidir si "formalizamos o no el recurso de casación" contra la sentencia relativa a las facturas de caja fija.

Durante su intervención, Macías ha negado que el Gobierno valenciano busque "demoras" u "obstrucción" a la labor de control de los diputados cuando presenta recursos de amparo a las sentencias sobre solicitudes de documentación. En este sentido, considera que "resulta necesario encontrar una fórmula adecuada para cumplir los derechos de los parlamentarios sin que se altere el normal funcionamiento de la administración".

La coordinadora de la Abogacía de la Generalitat, quien ha indicado que el derecho de los parlamentarios no es "ilimitado", ha puntualizado que en esta legislatura los diputados de la oposición han presentado 32 recursos contencioso administrativos, alegando vulneración del artículo 23. Al respecto, ha señalado que se han dictado 25 sentencias, ya están ejecutadas 16 y se han recurrido en casación un total de cinco.

Cristina Macías ha explicado que la Abogacía está obligada a defender los intereses de la Generalitat frente a las demandas que se interponen, pero ha señalado que la decisión de interponer un recurso no es de la Abogacía.

"decisión política"

"Es una decisión política que corresponde al presidente, al Consell y al conseller de la materia", ha destacado la secretaria autonómica, quien ha dicho que la Abogacía solo toma postura cuando es consultada sobre un determinado tema.

La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha apuntado que "no está en cuestión el trabajo de la Abogacía de la Generalitat. Lo que está en cuestión es que los miembros del Gobierno valenciano están utilizando a la Abogacía para defender la vulneración de derechos de los diputados y pagando con dinero de los valencianos", ha subrayado.

Al respecto, Oltra ha denunciado que desde el Consell "contravienen la Constitución, vulneran los derechos de los ciudadanos y cogen dinero de los ciudadanos para recurrir y seguir vulnerando derechos". "En lugar de velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, velan por tapar sus miserias con dinero público", ha resaltado.

"TRANSPARENCIA"

Los diputados del PSPV Eva Martínez y de EUPV Ignacio Blanco han coincidido con Oltra en denunciar la "falta de transparencia" del Consell. "No puede alegarse que este Consell no apuesta por la transparencia", ha destacado la secretaria autonómica, quien ha asegurado que desde que empezó esta legislatura el número de solicitudes de documentación contestadas por el Consell se ha incrementado un 104 por ciento respecto a toda la legislatura anterior.