El PSOE presentará una proposición en las Cortes de Castilla y León en la que solicitará a la Junta una convocatoria extraordinaria para quienes no han podido renovar la subsidiación de préstamos de viviendas de protección oficial (VPO) una vez que se suprimiera este tipo de ayudas por parte del Gobierno.

Esta situación podría afectar a 13.000 personas en Castilla y León, a las que podrían sumarse otras 5.000, y se ha generado después de que el Gobierno central aprobara en 2012 un decreto que suprimía las ayudas a la compra de vivienda en los siguientes planes de vivienda y suelo, algo que se estableció con retroactividad —lo que ha motivado un recurso de inconstitucionalidad por parte del PSOE aún no resuelto— y supuso que los que ya tenían reconocidas estas ayudas, que se concedían por diez años, no pudieran hacer la renovación de las mismas a mitad del periodo, a los cinco años.

Según ha explicado Jesús Revenga, portavoz de los afectados, a la hora de ir a solicitar la renovación no había posibilidad de hacerlo por falta de los impresos oficiales y porque la Junta no permitía llevar a cabo este trámite, toda vez que se habían suprimido las ayudas. Sin embargo, una resolución del Procurador del Común hizo que la Administración autonómica permitiera solicitar las ayudas, algo que sólo hicieron parte de los afectados.

De esta forma, unas 2.008 personas han visto reconocida esa ayuda pero otras 13.000 que no insistieron en su solicitud se han quedado fuera, a las que podrían sumarse otras 5.000 de varias promociones de viviendas que tendrían que hacer la renovación ahora.

Por ello, los afectados piden un plazo extraordinario para que si se cumplen las condiciones puedan renovarse estas ayudas, algo que el PSOE llevará a las Cortes regionales tras una reunión mantenida este lunes entre los afectados y responsables socialistas entre los que han estado el secretario general del PSOE en Valladolid, Javier Izquierdo, y el procurador Jorge Félix Alonso.

Precisamente el parlamentario ha explicado que la propuesta que se llevará a las Cortes pide que se busque una solución mediante una nueva convocatoria para las personas a las que se dijo que no podían presentar las solicitudes de renovación.

Asimismo, reclama que se siga reconociendo el derecho de las ayudas a las personas de los planes de vivienda anteriores al Real Decreto 20/2012 que las suprimió con retroactividad sin esperar a que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado.

Alonso ha añadido que aunque el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha querido dar la "sensación" de que el problema estaba solucionado "no es así".

"callada por respuesta"

En este marco, Javier Izquierdo ha criticado este "recorte" de ayudas a la vivienda, más aún en el sector más castigado por la crisis, que supuso que las personas que iban a renovar esta subsidiación recibieran "la callada por respuesta" o que otras no pudieran presentarlas por no haber modelo "formalizado", lo que considera que es una "mala praxis administrativa" que piden que se corrija.

Además, ha incidido en que puede haber vecinos "puerta con puerta" que en un caso tengan concedida la renovación, al haber solicitado la renovación antes del Real Decreto mencionado —a los cinco años de su concesión inicial—, y otros que no puedan renovarla por haber firmado su hipoteca unos meses después y la renovación se tuviera que hacer tras la entrada en vigor de la nueva normativa.

"Es una injusticia manifiesta", ha señalado Izquierdo, quien ha pedido que el Gobierno central y la Junta la resuelvan, para lo que ha asegurado que continuarán el trabajo con los afectados.

Por su parte, Jesús Revenga ha recordado que tanto el Procurador del Común como la Defensora del Pueblo han asumido sus reclamaciones y han instado a que se corrija la situación generada por la aprobación de un Real Decreto que se aplicaba con retroactividad en base a un informe de la Abogacía del Estado que "nadie ha visto", lo que considera "grave".

El portavoz de los afectados ve esta situación "tan grave" como que se diga a la gente que no se pueden solicitar y ha incidido en que estas ayudas, que permiten rebajar el tipo de interés aplicado a la hipoteca, pueden suponer entre 60 y 120 euros al mes.