El exalcalde de Zurgena y actual concejal de Obras Públicas en este ayuntamiento almeriense, Cándido Trabalón (PA), ha alegado de nuevo este jueves en juicio que las causas abiertas contra él por la concesión de licencias municipales de obra en suelo presuntamente no urbanizable e impugnadas por la Junta responden a "un tema político" y ha asegurado que la parcela donde se autorizó en 2007 la construcción de 202 viviendas, localizada en La Alfoquía, es "urbana, históricamente y según un informe técnico de la Diputación".

"Nunca hubo ningún problema desde que entré como primer teniente de alcalde en 1999 y la Junta tenía conocimiento de todo lo que hacíamos en base a las Normas Subsidiarias Provinciales. Fue de golpe y porrazo, a partir de 2005, que se nos empezó a decir que todo era ilegal y que sólo era suelo urbanizable el núcleo urbano de Zurgena", ha asegurado para apuntillar: "si no pueden ganarte democráticamente las elecciones, lo intentan por otro sitio".

Trabalón, quien está acusado junto a siete exconcejales de la corporación zurgenera de diverso signo político de un presunto delito de prevaricación, ha defendido a preguntas del fiscal la "existencia" de un segundo informe que sí era favorable a la aprobación de la licencia frente a un primero que ponía reparo por exceder la altura máxima que permitía la normativa y ha achacado el hecho de que no esté aportado a la causa a la intervención del Ayuntamiento de Zurgena en 2007 por parte de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Costurero', que derivó en su detención y en la del entonces concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras.

"Nosotros nunca hemos llevado a pleno nada sin informes favorables y fue la Guardia Civil la se llevó casi toda la documentación del Ayuntamiento y toda la del despacho de Urbanismo, sin dejar copia de nada. Se ha devuelto algo pero lo que estaba en Urbanismo no hasta la fecha, así que debe estar en el juzgado de Huércal-Overa o la tiene", ha dicho el exalcalde.

Precisamente en este punto se producido un punto de inflexión en el devenir de la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 3 ya que, al comienzo, una de las partes ha aportado el libro de actas donde se recoge la de la sesión plenaria en la que se aprobó esa licencia y que, a lo largo del procedimiento, la Fiscalía ha requerido sin éxito en hasta dos ocasiones al Ayuntamiento zurgenero.

Dicho libro de actas se le ha mostrado a Trabalón, quien ha hecho notar que no estaba firmada, por lo que, al ser interpelado por su defensa sobre si recordaba haber participado en ese pleno, ha asegurado que no. Acto seguido, el Ministerio Público ha impugnado a incorporación como medio de prueba del citado documento y ha alegado la existencia de vicio de nulidad, tras lo que la vista oral ha continuado a la espera de la declaración de la secretaria municipal prevista para el próximo lunes.

El exalcalde, el único de los acusados que sigue activo en política y forma parte del actual equipo de gobierno, también ha hecho referencia en su declaración al carácter de barriada histórica de La Alfoquía, que "la Junta quiere hacer ver que no existe, pero donde vive gente desde 1977 y actualmente cuenta con unos 1.600 residentes de los 3.000 censados en el término municipal".

"A 50 metros de la parcela donde estaban proyectadas las 202 viviendas está el cuartel de la Guardia Civil que no creo que el Ministerio del Interior construyese en un secarral, está el centro de salud, hay aceras, alumbrado en las calles, luz y agua desde los años 70 e, incluso, una promoción de 30 viviendas de la Junta de Andalucía a 70 metros y a 150 metros, otra promoción del MOPU", ha apuntillado.

"lista para construir"

Junto a Trabalón han declarado el resto de acusados, incluidos el promotor del residencial y el arquitecto que redactó el proyecto. El primero, J.I.J.R., apoderado de la mercantil Inmuebles Promurdi SL, ha asegurado que cuando se adquirió la parcela está era "finalista, lista para construir" y que "nada hacía pensar que no era urbano porque había farolas, aceras y gente viviendo" mientras que el segundo, J.L.L., ha negado que se les adviertiese "ni por escrito ni verbalemente de que el suelo fuera no urbanizable".

El escrito de acusación fiscal recoge que J.I.J.R., en calidad de apoderado de la mercantil Inmuebles Promurdi S.L., decidió construir 202 viviendas en la parcela 168 del Polígono 16 del término municipal de Zurgena, más conocido como pareja de La Alfoquía, "con conocimiento de que el suelo era no urbanizable y que no eran autorizables conforme a la legislación en materia urbanística".

Así, habría encargado al arquitecto J.L.L. la redacción del proyecto, encargo que realizó y que contemplaba ocho edificios de tres plantas con una altura de 8,87 metros "con conocimiento de que el suelo no era urbanizable y que las viviendas no eran autorizables" y, además, de que "conforme a la legislación urbanística la altura del inmueble no podía superar los siete metros ni las dos plantas".

Según indica el Ministerio Público, la mercantil solicitó al Ayuntamiento la licencia de obras el 22 de junio de 2005. En el expediente administrativo se emitieron los preceptivos informes jurídico y técnico. El primero "no era ni favorable ni desfavorable" a la licencia pues se limitaba a señalar que "debían ser los servicios técnicos los que determinaran si era adecuado a la normativa urbanística".

En el caso del segundo informe, tal y como añade el fiscal, este no era favorable y advertía de que el proyecto "incumplía la normativa que solo autorizada planta baja y primera con una altura máxima de siete metros".

Pese a estas premisas, el 7 de octubre de 2005, siete ediles de la corporación local y Trabalón como alcalde, votaron en pleno a favor de la concesión de la licencia pese a que "todos ellos eran conocedores" de las circunstancias expuestas anteriormente.

A J.I.J.R. y a J.L.L. el fiscal les imputa un delito contra la ordenación del territorio en grado de tentativa ya que aunque la mercantil allanó el terreno e instaló farolas y una caseta prefabricada donde ofrecía la venta de las futuras viviendas, no se llegó a iniciar la construcción de ninguno de los ocho edificios debido a que la Guardia Civil levantó atestado en abril de 2007 y se incoaron diligencias previas un mes después.

En el caso de los exediles acusados de presunta prevaricación interesa también penas de 21 meses de prisión y nueve años de inhabilitación mientras que para el promotor y el arquitecto solicita cuatro meses de cárcel, multa de ocho meses a razón de 12 euros al día, e inhabilitación especial por un periodo de cuatro meses.