La juez Mercedes Alaya ha denegado a la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem) la "licencia" solicitada para querellarse contra Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta que denunció las "graves" irregularidades en la concesión de cursos de formación, según han informado fuentes del caso.

Las mismas fuentes consultadas han precisado, en este sentido, que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que deniega a Faisem el permiso para interponer una querella por injurias y calumnias contra el funcionario al entender que los hechos apuntados por dicha fundación reúnen los elementos de una denuncia falsa y no de injurias y calumnias.

En su declaración como testigo, Montes aseguró que Faisem dio un curso a sus alumnos en condiciones extremas de calor en pleno verano y que dichos alumnos, además, habrían sido medicados.

En la resolución notificada a las partes, la instructora explica que sólo se puede comprobar si ha existido una denuncia falsa cuando el procedimiento judicial concluye, bien con sentencia absolutoria o con el archivo de la causa.

De otro lado, la juez Alaya ha solicitado que la Inspección Central del Ministerio de Trabajo le auxilie en la investigación del supuesto fraude en los cursos de formación, causa en la que por el momento únicamente están imputados los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda.

Al margen de Faisem, cabe recordar que la delegada Territorial de Economía y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, también tiene decidido emprender acciones legales contra Teodoro Montes, todo ello por considerar que las acusaciones "sin fundamento" que realizó ante la magistrada "dañan su prestigio" individual y colectivo y constituye un "menoscabo" para su imagen pública.

Posible delito contra la administración de justicia

La magistrada ya aseguró que "no va a consentir ningún tipo de presión o coacción" hacia Teodoro Montes, y anunció, en relación a las querellas anunciadas entonces por Faisem y CCOO —que finalmente ha solicitado la celebración de un acto de conciliación previo—, que las mismas podrían constituir delitos contra la Administración de Justicia y que, "de tener conocimiento este Juzgado, deducirá el oportuno testimonio para que se ventilen en las pertinentes diligencias".

Tras ello, el fiscal delegado Anticorrupción mostró su conformidad con lo acordado por la magistrada e interesó "expresamente" que se lleve a cabo, mientras que también solicitó que se pusieran en marcha las medidas previstas por la Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos "con la finalidad de asegurar no solamente la integridad del testigo y su familia, sino también asegurar las resultas del presente procedimiento".

De hecho, la juez dictó posteriormente un auto en el que prohibió a los medios de comunicación difundir imágenes del testigo.

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