La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha pedido la dimisión del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, por haber "incumplido" todas sus "promesas" a lo largo de esta legislatura, en la que el Gobierno regional no sólo "no ha reparado el daño" a las familias afectadas por sentencias de derribo sino que, además, lo ha "incrementado".

Así lo ha reclamado cerca de una veintena de afectados en la concentración que han realizado este jueves ante la sede del Ejecutivo regional y que ha estado encabezada por dos pancartas con los lemas 'Las leyes de este Parlamento son papel mojado' y '¡Habéis destrozado nuestras vidas!'.

Durante el transcurso de esta movilización, el presidente de AMA, Antonio Vilela, ha accedido a la sede del Gobierno para registrar una solicitud de reunión con Ignacio Diego. Ante la "falta de respuesta", la asociación solicita "por segunda vez" un encuentro con el presidente para tratar los "graves problemas" de los afectados.

En ese documento, que Vilela ha leído a los periodistas mirando hacia la parte superior del edificio del Ejecutivo —donde está el despacho del presidente—, los afectados requieren la intervención de Diego para "dar un impulso a una situación que corre el grave riesgo de, una vez más, quedar sin resolver" a pesar de todo "lo aprobado" en el Parlamento y "lo prometido" por el Gobierno durante esta legislatura.

Entre esas acciones políticas, AMA destaca la "petición de perdón" a las familias afectadas por el daño causado, algo que, a pesar de que lo considera "positivo", cree que no vale de nada "si nos quedamos ahí sin resolver nada" y sin "reparar ese daño".

Y es que, en opinión de AMA, es precisamente en la reparación de ese daño donde "no se ha avanzado nada" sino que "se ha producido un grave retroceso", principalmente por la sentencia sobre la urbanización de Pepín Cano en Argoños en la que se valoran las viviendas con una "pérdida de dos tercios del patrimonio de las familias que no tienen culpa de nada".

Otro de los temas "constantes" a lo largo de la legislatura ha sido el anuncio de legalización de viviendas. "Mire presidente, si entra en el buscador de Google y pone 'legalización de viviendas en Cantabria', se sorprendería del gran número de titulares que han dado ustedes anunciando esta buena nueva".

Y los afectados apuntan que incluso ellos se lo "llegaron a creer" hasta que "una vez más la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en la sentencia sobre la urbanización de Munargo, aplicando la doctrina de la desviación de poder, nos bajo del mundo de las promesas a la dura y cruel realidad".

Sentencias "demoledoras y con poco margen a la esperanza"

Así, critican que, "acabando la legislatura, no hay ni una sola vivienda en la que los tribunales hayan considerado que se han resuelto los problemas legales". "Es más, las sentencias son demoledoras y con poco margen a la esperanza", señalan, al tiempo que lamentan que casi terminada la legislatura tienen "dos tercios menos de patrimonio y un futuro muy incierto en cuanto a las legalizaciones".

Por ello, reclaman al Gobierno que realice ya la valoración de las viviendas afectadas por sentencias de derribo, algo a lo que "está obligado por ley", y que AMA exige "no por capricho sino por necesidad" ya que es la única forma de que dejen de "secuestrar" su patrimonio. "Pedimos que valore las viviendas para que puedan tener algún valor real y se puedan transmitir", añaden.

"No cumplir con la legalidad vigente ya nos ha causado a todos demasiados problemas, además de las responsabilidades en las que se puede incurrir", advierte AMA, que propone buscar "soluciones" en base a las iniciativas presentadas en el Parlamento y "entre todos caminar por la senda de los acuerdos y del consenso" para encontrar el remedio a la situación que viven las cientos de familias afectadas.

A preguntas de la prensa sobre los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2015, que se presentan este jueves, Vilela ha señalado que "ójala" contemplen alguna partida para indemnizar a los afectados y así "reparar el daño causado". "Más nos gustaría a nosotros", ha dicho el presidente de AMA.

Concentración en el tsjc y reunión con los grupos

Tras la concentración ante el Gobierno, este grupo de miembros de AMA se ha trasladado hasta la sede del TSJC, en el complejo judicial de Las Salesas, para solicitar a los tribunales que "hagan justicia" y "no más daño".

Después, los representantes de AMA, encabezados por Vilela, se reunirán con los portavoces de los grupos parlamentarios, a quienes la asociación va a pedir que se "fusionen" las propuestas del Ejecutivo y la oposición porque éstas, "con algunas aportaciones", pueden alcanzar la solución a los problemas de los afectados.

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