El administrador de una empresa inmobiliaria identificado como J.A.J.L. al que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén tenía previsto juzgar este miércoles como acusado de un delito de estafa continuada y de otro de apropiación indebida, que habría cometido contra dos parejas que le compraron casas de una urbanización de 30 viviendas del municipio de Los Villares que promovía, al vendérselas con "cargas inexistentes" cuando se firmó el contrato de adquisición, ha negado en la vista oral los hechos y ha asegurado que "siempre" mantuvo informados a sus clientes "verbalmente".

"Con todo el mundo he intentado ser lo más honesto posible", ha afirmado el acusado durante su declaración en el marco de este juicio, que ha quedado visto para sentencia poco antes de las 12,00 horas, después de que las distintas partes —Fiscalía, acusaciones particulares y defensa— hayan elevado a definitivas sus calificaciones.

El encausado ha declarado que para la promoción de viviendas solicitó un préstamo a una entidad bancaria que contemplaba distintas disposiciones de dinero que se iban liberando conforme avanzaba el proyecto, siendo la primera de ellas una de 530.000 euros, si bien con el paso del tiempo esa cantidad se elevó hasta cerca de dos millones de euros, pero siempre en el marco de "la misma operación ya definida", sin que concertase un préstamo distinto.

Además, ha confirmado que las parejas que le acusan de haberse apropiado de su dinero llegaron a abonarle las cantidades totales a las que ascendían los precios de las viviendas que querían adquirir —202.571,33 euros en el caso de J.M.A.A., ya fallecido, y M.L.B.C., y 177.620 euros en el de la pareja conformada por J.M.F.D. y M.C.M.M.—, si bien ha defendido que todo el dinero que "transferían" iba a parar a "una única cuenta" abierta en la caja de ahorros que le había concedido el préstamo.

De esta manera, ese dinero se usaba "para pagar a proveedores", según ha repetido el acusado, que ha incidido también en la idea de que era "el banco el que decía lo que hay que hacer", y que aquel alargó el periodo de carencia del préstamo concedido para su devolución, según ha añadido, subrayando que eso "no supone modificarlo".

En esa línea, el procesado ha declarado que la entidad financiera "no le dejó cancelar la hipoteca" que pesaba sobre las viviendas a partir del citado préstamo, porque quería esperar a que "hubiera un mínimo de ventas consolidadas" entre las viviendas de la promoción para dar ese paso.

A preguntas de las acusaciones, también ha subrayado que llegó a ofrecerle a la compradora M.L.B.C. responder "con todos sus bienes personales" a la deuda contraída con ella con la casa que ésta había vendido, algo que ahora, según ha relatado, no puede hacer porque como consecuencia del proceso judicial en el que se ha visto envuelto "le han embargado todo" y "ahora no puede responder con nada".

También ha explicado que de la cuenta abierta en la entidad bancaria solo se liberaban cantidades para "pagar a proveedores" y una vez que previamente se presentasen "certificaciones de obra". "He hecho lo que he podido", ha concluido el encartado.

DENUNCIANTES

Por su parte, las denunciantes se han ratificado en su posición en contra del acusado. Así, M.L.B.C. ha subrayado durante su declaración en el juicio que su pareja y ella "fueron pagando hasta cumplir todas sus obligaciones" contraídas, pese a lo cual ni el banco ni el acusado "cancelaron la hipoteca" de la vivienda adquirida, un "problema" del que, según ha afirmado, se enteraron por la entidad financiera, no por el procesado.

También ha señalado que mantiene actualmente abierto un pleito civil con la entidad bancaria para reclamar que "le devuelva la cantidad de dinero que ella dio" para la compra de la casa "o bien la vivienda libre de cargas".

Así las cosas, la Fiscalía y las dos acusaciones particulares —una por cada una de las parejas supuestamente defraudadas— han elevado a definitivas al final del juicio sus calificaciones, en las que consideran al procesado autor de un delito de apropiación indebida y de otro de estafa.

El Ministerio Público solicita un total de dos años y nueve meses de cárcel por el supuesto de estafa "impropia" continuada y otra condena de tres años y nueve meses de prisión por el delito también continuado de apropiación indebida. Además, pide que se le imponga al acusado una multa de ocho euros diarios durante diez meses, y que indemnice a una de las parejas compradoras con 177.620 euros, y a la otra con 202.571,33 euros.

En su turno final de palabra, el fiscal ha argumentado que los compradores "cumplieron todas sus obligaciones, pero el acusado les dejó las viviendas en una situación mucho peor a la que tenían en el momento en el que se firmó el contrato de compraventa".

También ha indicado que "nunca se hizo la cuenta especial" que para este tipo de operaciones requiere la ley, y ha acusado al procesado de "distraer" el dinero que le transferían sus clientes al no destinarlo al fin al que se concedían, así como de no suscribir "en ningún momento" avales para "garantizar" las cantidades que le ingresaban. "Si las cosas se hubieran hecho bien no estaríamos aquí", ha resumido el fiscal, que considera que en este caso no se dirime "una mera cuestión civil", sino que se pueden exigir responsabilidades penales.

Por su parte, la abogada que representa a M.L.B.C. ha explicado que su cliente está actualmente "viuda, sin casa y en un limbo jurídico inexplicable" por culpa del comportamiento del acusado, que ha criticado porque "no se puede cumplir una obligación a costa de estafar a otras personas", en alusión a la idea de que éste hubiera destinado el dinero que le transferían los compradores a pagar a los proveedores.

En la misma línea, el abogado de la otra acusación particular ha mantenido que el acusado "realizó a espaldas de los compradores modificaciones en la hipoteca" de las casas cuando ya había recibido el total del dinero de la venta, es decir, cuando éstos "ya deberían haber dispuesto de sus viviendas", y ha defendido la acusación de un delito de apropiación indebida porque "se quedó con el dinero que le daban y lo destinó a terminar" las casas.

Por último, el letrado de la defensa ha negado que a su cliente se le pueda acusar tanto de apropiación indebida como de estafa, asegurando que la comisión de ambos delitos "no ha quedado acreditada" en el procedimiento. Además, ha reiterado que "todos los ingresos se realizaron a la misma cuenta" del banco, que "ha dirigido el proceso de promoción inmobiliaria".