La lista de espera para acceder a las prestaciones de la Ley de la Dependencia ha bajado por primera vez en Asturias de las 2.000 personas, situándose en 1.991, y su plazo se ha reducido a los 7,5 meses, desde los 14,5 en los que se situaba a principios de año.

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, quien ha comparecido acompañada de la directora general de Atención a la Dependencia, Paula María Álvarez.

La responsable autonómica ha mostrado su confianza en que a uno de enero del próximo 2015 el plazo ya se sitúe en seis meses, que es el legal establecido, y a partir de ahí "lo razonable sería intentar estar por debajo de esos seis meses", teniendo en cuenta, eso sí, "que la inmediatez total es imposible".

Díaz ha mostrado su satisfacción por estos datos que, según ha destacado, demuestran que el Gobierno asturiano va camino de cumplir su objetivo de eliminar la lista de espera (es decir, situarla en un máximo de seis meses) al comienzo del próximo año. Ha vinculado la consecución de este "minino histórico" tanto en tiempo como en número de demandantes pendientes la puesta en marcha hace tres meses del programa de refuerzo en dependencia.

El número de personas beneficiarias del sistema de la Dependencia, a 30 de septiembre, era de 15.003, frente a las 14.969 que había en julio de este mismo año. Además, Díaz ha señalado que estos datos demuestran que se está invirtiendo la tendencia existente hasta el mes de julio y se está cumpliendo con la tasa de reposición, "lo que significa que se reconocen más prestaciones que se extinguen". La consejera ha destacado el buen funcionamiento del programa de refuerzo que comenzó en el mes de julio con un triple objetivo: "reducir el plazo de resolución a 6 meses, eliminar la lista de espera y mantener la tasa de reposición".

Financiación estatal

La consejera ha aprovechado su comparecencia para criticar duramente la rebaja de la financiación estatal para la prestación de estos servicios en Asturias. Ha ofrecido varios datos y ha destacado uno: en 2013 los usuarios, vía copago, aportaron en la comunidad un total de 27.706.067 euros a la financiación de los servicios, frente a los 23.073.088 de la Administración central. Por su parte, el Ejecutivo autonómico aportó 150.966.541 euros, el 74,83% del total.

Díaz ha mostrado en un gráfico la evolución de estas cifras desde 2010 hasta el pasado ejercicio. Mientras la aportación autonómica ha aumentado en un 117% y la de los usuarios un 57%, la del Estado ha descendido un 44%. "El estado debe asumir su parte de financiación", ha comentado.

Reducción de precios

En este contexto, ha anunciado que el próximo 1 de diciembre entrará en vigor la reducción del precio público de los servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) y Teleasistencia para personas dependientes. La consejera ha destacado que las personas que estén percibiendo estos servicios verán una reducción automática en su liquidación del mes de diciembre, que alcanzará el 30% en el caso del SAD y el 25% en la Teleasistencia.

En lo que se refiere al precio público del SAD la norma diferencia entre servicios relacionados con la atención a de las necesidades domésticas, que se situará en los 9 euros/hora; y servicios relacionados con la atención personal, que serán de 12 euros/hora. Hasta este momento no se diferenciaba entre unos servicios y otros, siendo el precio público el mismo para ambos, de 15 euros/hora. El precio público del Servicio de Teleasistencia pasará de los 20 euros/mensuales actuales a los 15 euros/mensuales.

Asimismo, "se recuperará la intensidad horaria que los usuarios del SAD tenían antes de la reforma estatal de julio de 2012, de manera que el tope máximo de 70 horas mensuales se volverá a las 90 para las personas dependientes con el máximo grado", ha explicado la Consejería posteriormente en una nota de prensa.

Atención al grado 1

La consejera ha destacado también que hay 6.721 personas con grado 1 de dependencia que aún no tienen derecho a prestación por el retraso provocado por la modificación estatal de 2012. El 82%, sin embargo, según la versión de Bienestar Social, sí están atendidas a través de la red autonómica de servicios sociales básicos.

La consejera ha anunciado que la Dirección General de Atención a la Dependencia ya ha planificado la incorporación de esas más de 6.700 personas al sistema de la dependencia, de tal forma que se comenzará con la determinación de la capacidad económica de estas personas de Grado I, para poder aprobar su Programa Individualizado de Atención (PIA), a lo largo del primer semestre del próximo año y así facilitar su incorporación al sistema de la Dependencia en el verano de 2015.